La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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El conflicto entre el gobierno porteño y las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires se agrava con el paso de los días. Este viernes 15 de septiembre, llegaron a 27 los colegios tomados por los estudiantes, quienes rechazan la inminente reforma educativa.
Este mismo viernes, los alumnos de dichos establecimientos ocupados, en compañía de agrupaciones de izquierda, marcharon hacia el ministerio de educación porteño exigiendo una reunión con la ministra María Soledad Acuña. Sin embargo, la condición del gobierno para ello es el levantamiento de las tomas.
Entre los colegios que han sido tomados se encuentran el Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", ambas dependientes de la Universidad Buenos Aires. Además de otros 25 colegios de todo Capital.
El reclamo de los estudiantes radica en la reforma educativa que comenzará a implementarse en 2018 y de forma gradual -comenzarían con 17 escuelas y se extenderán a las 143 para 2021-. Entre los cambios que más críticas ha recibido se encuentra el de la práctica formativa en 5º año, es decir que los jóvenes deberán trabajar en el último año del secundario.
Por estos cambios, los alumnos han ocupado las escuelas y, a la vez, han colgado carteles en la misma con mensajes como "No queremos ser mano de obra barata", "No al recorte de materias" y "Tomar los colegios es defender la educación", entre otros.
La idea de los centros de estudiantes es "organizarse en conjunto" entre las escuelas ocupadas para "continuar con las tomas" en reclamo de la reforma.
Como respuesta a estas ocupaciones a los establecimientos se había conocido un instructivo oficial para casos de tomas. El mismo consistía en denunciar estos actos ante la comisaría.
Sin embargo, la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, suspendió su aplicación, así como la ministra Acuña negó que dicho documento fuese oficial.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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