La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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En una estrategia que busca darle impulso nuevamente a la reforma laboral, el Gobierno envió tres capítulos del proyecto de ley que, según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, intenta "priorizar el consenso" entre trabajadores y empleadores.
"El proyecto que mandamos al Congreso tiene una mirada integral", sostuvo el funcionario nacional, e insistió en que su objetivo es "generar un vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto".
Para el titular de la cartera de Trabajo, esto implicaría "la formalización de trabajadores" por un lado, y la creación de "un fondo de cese laboral", vinculado a las indemnizaciones, por el otro.
Este fondo, que vendría a reemplazar las indemnizaciones, sería "administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador", según señaló Triaca en diálogo con Radio Mitre.
Con estas iniciativas, remitidas el viernes 27 de abril al Senado, quieren "darle previsibilidad al trabajador y al empleador".
"Cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo", aclaró el economista. En ese sentido, apuntó que "sólo cuando estos convenios lo quieran, el fondo de cese reemplazaría la indemnizaciones tradicionales".
En declaraciones realizadas a la emisora radial, Triaca también señaló que los 5 sectores con mayor nivel de trabajadores en la informalidad son la construcción, el empleo rural, las pequeñas industrias, el comercio y personal doméstico.
"El foco no es solamente la formalización sino también mejorar los procesos de fiscalización", aseguró
Para concluir, el ministro hizo alusión a su relación actual con la CGT y alegó que habla "con todos los sectores", más allá de las "diferencias" que puedan haber, y expresó que en el Gobierno son muy prudentes dejando que los procesos de unidad se hagan de manera propia".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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