Irán afronta una gran restricción de internet y telecomunicaciones que se prolonga por segundo día consecutivo, en medio de un clima de protestas generalizadas que comenzaron a fines de diciembre y que se han extendido por el país. La medida fue confirmada por grupos independientes de monitoreo como NetBlocks, que indica que el acceso a la red global está prácticamente cortado desde la tarde del jueves, reduciendo la conectividad total a niveles cercanos a cero.

Las protestas, que estallaron originalmente en Teherán y se han multiplicado en más de 110 ciudades y 31 provincias, tienen su origen en tensiones acumuladas por la crisis económica, una moneda que se desplomó y un contexto de inflación elevada, lo que ha agudizado el malestar social y derivado en exigencias más amplias de transformación política.

La decisión de desconectar el acceso digital se interpreta como un intento del gobierno de difuminar la coordinación entre manifestantes y reducir la visibilidad internacional de las movilizaciones y las respuestas de seguridad interna. Además del corte de internet, la infraestructura de telefonía móvil y líneas fijas también ha resultado afectada, lo que limita aún más la capacidad de la población para comunicarse y compartir información.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el apagón digital no solo impide la circulación de información, sino que también puede servir para ocultar abusos y violaciones de derechos humanos perpetradas durante operativos de represión, subrayando que el acceso a internet en tiempos de protestas se considera un derecho fundamental para documentar sucesos y coordinar medidas de seguridad.

Mientras tanto, la presión popular no ha cesado. Líderes opositores en el exilio, como Reza Pahlavi, impulsan llamados a una huelga general en sectores clave de la economía, incluidos petróleo, gas, transporte y energía, y exhortan a los iraníes a continuar manifestándose a pesar de las amenazas de sanciones y el corte de comunicaciones.

La compleja situación se produce cuando el movimiento de protesta entra en su segunda semana de extensión y escalamiento, con informes que señalan enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad, detenciones masivas y decenas de muertos en varios puntos del país.

Aunque cifras exactas son difíciles de verificar debido al apagón, organizaciones de derechos humanos y medios independientes han alertado sobre numerosas víctimas, cientos de heridos y miles de detenciones, en lo que constituye una de las crisis sociales más profundas de los últimos años en Irán.