La víctima fue identificada como Santiago Arizmendi, oriundo de Llavallol, una localidad del partido de Lomas de Zamora.
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La cuestionada prisión domiciliaria con la que fue beneficiado Miguel Etchecolatz recibió un nuevo embate: la fiscal Ángeles Ramos presentó un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad y solicitó que se revoque la concesión.
La titular de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado consideró que el veredicto que otorgó el beneficio fue "arbitrario" y "carente de fundamentación", además de haber afectado la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal.
También argumentó que el Tribunal se basó en informes médicos "parciales" agregados a la causa, aunque ya se contaba con otros informes forenses de mayor peso que no habilitaban el arresto domiciliario por motivos de salud.
De acuerdo a la fiscal, la resolución cuestionada contiene una "errónea interpretación y aplicación de normas sustantivas y procesales".
"El Tribunal hace afirmaciones parciales que no se condicen con la totalidad de la documentación existente y las manifestaciones orales expuestas en dos extensas audiencias que tuvieron lugar en la localidad de La Plata- que obran en soporte digital-. En esas oportunidades, los médicos que suscribieron el informe en el que concluyeron sus tareas, fueron preguntados muy puntillosamente por los jueces de aquella jurisdicción acerca de la situación de salud de Etchecolatz", criticó Ramos.
"Estas audiencias que a criterio de esta parte son esenciales para comprender la cuestión y estar en condiciones de resolver con ecuanimidad, no fueron mencionadas en la resolución. Evidentemente no han sido vistas por los jueces, o si lo fueron no les dieron ningún lugar, cuando son determinantes", continuó la fiscal.
La representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso también criticó el hecho de que el Tribunal no tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales oportunamente advertidos por el MPF.
Siguiendo esta línea, Ramos destacó el rol del imputado como uno de los aparatos de inteligencia más importante de los que operaron durante la última dictadura militar, al tratarse de uno de los máximos jefes en su carácter de Comisario General a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, lo cual implica la posibilidad de que conserve cierto ascendente o poder para eliminar pruebas o rastros que lo incriminen y, de tal forma, "evadir o entorpecer el accionar de la justicia".
Desde el 29 de diciembre pasado, Etchecolatz se encuentra con arresto domiciliario en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, tras ser condenado 5 veces a perpetua por delitos de lesa humanidad.
Una vez notificada de la decisión, la Fiscalía, al tomar conocimiento de que una víctima -querellante en una de las causas que tramitan en La Plata- reside en el mismo barrio del Bosque Peralta Ramos, realizó un pedido urgente de suspensión de dicha medida y que se proceda al cambio de domicilio.
Tal solicitud fue rechazada por uno de los camaristas, lo que motivó un recurso de reposición a fin de que el pleno del Tribunal reviera lo resuelto por el magistrado; sin embargo, el 29 de diciembre, 2 de los jueces nuevamente resolvieron no hacer lugar al recurso.
Por su parte, los vecinos del Bosque Peralta Ramos hicieron el correspondiente pedido ante el Tribunal Oral N°1 de La Plata, acompañados por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, homologando la solicitud de la fiscal Ramos.
Sin embargo, la justificación fue otra: se basaron "en el incumplimiento de las condiciones de detención y sobre todo porque la presencia del genocida en la ciudad ha generado conmoción social", informaron al portal 0223.
La víctima fue identificada como Santiago Arizmendi, oriundo de Llavallol, una localidad del partido de Lomas de Zamora.
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