El Gobierno nacional formalizó la contratación de un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el brazo del Banco Mundial (BM), destinado a financiar un programa de transición de subsidios energéticos que ya se viene ejecutando desde 2023. El decreto que autoriza la operación fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo y publicado en el Boletín Oficial.

El crédito ampliará los recursos del proyecto conocido como apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable, que previamente contaba con otro préstamo de USD 300 millones, elevando así a 600 millones de dólares el respaldo financiero total del programa. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la gestión de los subsidios a la energía, con especial foco en la electricidad y el gas, así como promover mayor eficiencia y equidad en su aplicación.

Según el Banco Mundial, el financiamiento adicional será desembolsado en dólares con un plazo de amortización largo, 32 o 35 años, con períodos de gracia de varios años, y tasas variables. Parte de los fondos se utilizarán para mejorar la capacidad institucional del país en materia de política energética, modernizar marcos regulatorios, diseñar esquemas tarifarios que incentiven inversiones y garantizar que la asistencia llegue efectivamente a los hogares más vulnerables.

Una pieza clave del proyecto es la mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), que reclasifica a más de 1,2 millones de hogares, buscando que los beneficios estén mejor dirigidos según el nivel de ingresos, tanto de usuarios de red como de quienes dependen del gas envasado. La intención es simplificar y armonizar los distintos esquemas de subsidios para hacerlos más eficientes y accesibles, reduciendo gastos innecesarios y promoviendo un uso más racional de la energía, dejando a 7,5 millones de hogares fuera del beneficio.

El anuncio se produce en un contexto donde el gobierno busca reordenar su política energética, equilibrando la sostenibilidad fiscal con la protección de los sectores que enfrentan mayores cargas económicas por el costo de la energía. La focalización de subsidios y la mejora institucional son componentes centrales de ese enfoque, aunque también plantean desafíos técnicos y políticos en su implementación en todo el territorio argentino.