Las autoridades bromatológicas confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.

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La justicia de Mar del Plata elevó a juicio la causa por el femicidio de Lucía Pérez, la joven de 16 años abusada y torturada, ocurrido el 8 de octubre de 2016. Esto sucede luego de la polémica desatada por la decisión del juez a cargo de la causa, Gabriel Bombini, de otorgar prisión domiciliaria a uno de los acusados.
El magistrado no hizo lugar a la solicitud de sobreseimiento de los 3 imputados (Alejandro Maciel, Matías Farías y Juan Pablo Offidani) que realizó la defensora oficial, María Laura Solari, y resolvió dar curso a la acusación de la fiscal María Isabel Sánchez, que llevó adelante la investigación.
De acuerdo a las fuentes, Bombini consideró que existen "dudas en torno a la existencia de un abuso sexual con resultado muerte en concurso ideal con femicidio" por lo que resulta "conveniente" la apertura del debate oral.
"Más allá de las diferencias de mayor o menor probabilidad de un hipótesis de causal de muerte -por suministro de estupefacientes por sobre la violencia o abuso sexual-, tratándose de un hecho único se dispone la elevación a juicio para ventilar la totalidad de las hipótesis posibles en el debate oral", señaló el juez en el veredicto.
Cuando la fiscal Sánchez realizó el pedido de elevación a juicio, uno de los argumentos se basaba en que Farías, el joven de 23 años acusado, fue quien organizó el encuentro fatal con la víctima "con el fin de obtener desahogo sexual", mientras que Offidani, en concordancia con el deseo de su amigo, cooperó para buscar a Lucía y llevarla a la casa. En lo que a Maciel respecta, sostuvo que éste colaboró para lavar el cádaver.
La decisión del juez Bombini podría ser apelada por la defensora oficial, quien había solicitado el sobreseimiento de los acusados, fundamentando esto en que ""no está acreditada la exteriorización material de los delitos de abuso sexual seguido de muerte, agravado por el suministro de estupefacientes, en concurso ideal con femicidio, encubrimiento agravado (y) abandono de persona".
Farías y Offidani están acusados por los delitos de "abuso sexual seguido de muerte agravado por el suministro de estupefacientes y femicidio", mientras que Maciel por "encubrimiento agravado".
Las autoridades bromatológicas confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.
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