El Gobierno reglamentó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero postergó su aplicación hasta tanto el Congreso determine sus fuentes de financiamiento.

Las leyes 27.795 y 27.796 fueron aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Esas mayorías fueron las que les permitieron a la oposición insistir con estas normas tras el veto del presidente Javier Milei.

Ahora, con las leyes promulgadas, el Gobierno volvió a ampararse en el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el cual establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

Asimismo, citó el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual prevé que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Por qué el Gobierno posterga su aplicación

Según señaló el Gobierno en los Decretos 759 y 760, publicados hoy en el Boletín Oficial, la ejecución de la medida que prevé mayores fondos para las universidades nacionales conllevaría en 2025 un costo de más de un billón de pesos, mientras que la iniciativa denominada "Ley Garrahan", implicaría una erogación de 196 mil millones de pesos. 

El Poder Ejecutivo señaló que ambas normas "incrementan de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".

Por todo esto, el Ejecutivo promulgó ambas leyes, pero suspendió su ejecución "hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e  incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".

No es la primera vez que la Casa Rosada recurre a esta maniobra. Hace algunas semanas, aplazó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por el mismo motivo, luego de que el Congreso volteara otro veto del mandatario.