En medio de la incertidumbre por la demora del Gobierno en promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante la semana. Este martes habrá una jornada nacional de protesta y el miércoles se realizará un paro total de actividades en todas las universidades públicas del país.

La decisión se tomó el lunes en la previa a la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario. Si bien el Gobierno ya la publicó en el Boletín Oficial, aplazó su aplicación hasta tanto el Congreso determine sus fuentes de financiamiento. Una forma que viene utilizando Javier Milei para no cumplir con las leyes que fueron aprobadas por el Poder Legislativo con el apoyo de más de dos tercios de ambas Cámaras, tras rechazar el veto presidencial.

“Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley y el silencio es total. Senadores y diputados ya la aprobaron, ¿qué más quieren?”, cuestionó Ricardo Mozzi, secretario general de la FAGDUT, gremio que nuclea a los docentes de la UTN. Según adelantó, ninguna de las 30 facultades de la universidad dictará clases durante las dos jornadas de protesta.

“Mientras el presidente Milei sigue enfocado en endeudarse en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza”, apuntó Mozzi.

Desde la Universidad de Buenos Aires, los gremios de docentes y nodocentes anunciaron que se sumarán al paro del miércoles por 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, según informaron desde APUBA, sindicato que representa a los nodocentes.

Además, el gremio adelantó que iniciará acciones legales en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario para exigir la aplicación efectiva de la ley. Por su parte, AGD-UBA convocó a una manifestación este martes en la Plaza de Mayo.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto aprobado por el Congreso contempla la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes —congeladas desde octubre del año pasado—, la actualización de los fondos destinados a gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, y la creación de un fondo de $10.000 millones (ajustable por inflación) para promover el ingreso a carreras estratégicas.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de la medida para este año alcanzaría los $1,96 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.

Durante la misma sesión, el Senado también dejó sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, una norma impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan que reclama la recomposición salarial del personal de salud y recursos para el sistema de residencias médicas, que también se promulgó esta mañana, pero se postergó su aplicación hasta tanto el Congreso determine sus fuentes de financiamiento. La OPC calculó el costo anual de esa medida en $133.433 millones.