En la etapa final del juicio, la defensa de la ex presidente, liderada por  Carlos Beraldi, cuestionó la acusación de sobreprecio al afirmar que se realizó “sin tener una pericia contable” y sin que se investigara la posible participación de otros empresarios en los hechos. Según los abogados, esta situación generó una falta de sustento técnico en la causa y vulneró el derecho de defensa.

Además, remarcaron que el proceso judicial presentó irregularidades desde su inicio y que se llegó a esta instancia sin pruebas suficientes para sostener la acusación. “Es como una comedia de enredos, en donde el sentido común nos muestra que no estamos en un proceso judicial que revista mínimamente un grado de licitud y legitimación”, sostuvieron.

En este contexto, insistieron en que el tribunal debe tomar “la decisión que jurídicamente corresponde”, lo que, según la defensa, implica “o que la absuelvan o que reenvíen el caso para que se desarrolle un nuevo juicio conforme a todas las garantías”.

Asimismo, subrayaron que el fallo debe basarse exclusivamente en criterios jurídicos y no en presiones externas o especulaciones. “Lo que queremos es que se aplique el derecho”, señalaron los abogados, al tiempo que reiteraron la importancia de respetar los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.

La resolución del tribunal se espera en los próximos días. Mientras tanto, la defensa advirtió que, de ser necesario, recurrirá a instancias superiores en busca de una revisión del caso.