La decisión del Gobierno de postergar el pago de los vencimientos de capital e intereses para la deuda nominada en dólares bajo legislación local tiene como objetivo alcanzar un acuerdo con los acreedores internacionales. Martín Guzmán da una señal clara: ahorrar los dólares de los vencimientos en ley argentina para pagar los servicios de deuda bajo legislación extranjera. ¿Por qué? Estos últimos son los importantes a la hora de negociar una reestructuración de los títulos públicos, ya que son los que podrían traerle dolores de cabeza al Gobierno a través de juicios en los Tribunales de Nueva York. 

De hecho, los acreedores de la deuda argentina “festejaron” la señal de la administración nacional mediante una suba en los bonos nacionales ley extranjera. Sin embargo, la suba en sus cotizaciones y la eventual baja del riesgo país no deja de ser muy pequeña en un contexto donde los papeles argentinos continúan en precio de remate. Esto evidencia una serie de problemas que enfrenta el Ministro de Economía para avanzar con las negociaciones.

Se acaban los dólares

En primer lugar, el nivel de reservas netas del Banco Central es muy acotado. Tenemos pocos dólares. El “reperfilamiento” es una muestra de que las divisas no alcanzan para pagar todos los vencimientos de este año. Incluso con la suspensión de los pagos de deuda bajo ley local nos quedan u$s 3.025 millones para pagar durante este año, según la consultora Consultatio. Solo este mes, Guzmán debería pagar u$s 503 millones en intereses de los bonos AA21, AA26 y AA46. 

El problema se agudiza frente a la contracción en los ingresos de dólares por exportaciones. Las proyecciones del equipo económico pasaron a mejor vida con la aparición de la pandemia del coronavirus, que destruye mercados completos. Como consecuencia de la caída del consumo chino, las exportaciones de soja y trigo argentinos se ven mermados. La consultora Abeceb estimó el mes pasado una contracción de u$s 3.400 millones para este año.

Además, debemos incorporar la depreciación de monedas que están realizando competidores directos en estos mercados. El caso paradigmático es el de Brasil, rival argentino como exportador de soja, quién devaluó su real un 33% desde principios de año, contra una depreciación del 9% del peso argentino. Esto se traduce en una pérdida de competitividad que concluye en menores ingresos de divisas para las arcas nacionales. 

Nada es gratis 

 

La determinación de “limpiar” los pagos para cuidar los escasos dólares argentinos y usarlos para la los bonos ley extranjera no viene exenta de riesgos. Existe el peligro concreto de que el “reperfilamiento” abra la puerta a la judicialización del proceso de deuda. En particular, el problema aparece con el vencimiento del Bonar 24, ya que deberían pagarse unos u$s 1.374 millones este 7 de mayo. La resolución del Gobierno indica que el pago será pospuesto. Esto habilitaría a que grandes fondos de inversión que poseen este título inicien demandas por incumplimiento de la cláusula “cross default”.

Esta disposición abarca a los títulos regidos bajo ley extranjera. Sin embargo, la autoridad judicial podría determinar que bonos como el AY24 sean considerados como “deuda externa” por su nominación en dólares y porcentaje de tenencia internacional. Bajo estos argumentos, existe la posibilidad de un fallo contra argentina. Esta posibilidad está contemplada debido a que grandes fondos como Fidelity o Pimco son tenedores de bonos de ambas legislaciones, con la capacidad económica como para iniciar este tipo de procesos judiciales. Un abroquelamiento de este estilo contra los intereses argentinos implicaría un golpe muy duro en el proceso de negociación. 

¿Cómo seguimos?

A los problemas señalados anteriormente, se suma la amenaza de los famosos fondos buitre. Debido a que los papeles argentinos cotizan entre un 25% y 30% de su valor original, estos especuladores podrían adquirir los títulos para litigar contra nuestro país reclamando el pago del 100% de su valor. La suma de estos factores hace que Guzmán corra a contrarreloj. 

La tesis del Ministro es que el contexto de crisis internacional generada por el coronavirus es favorable para avanzar en una quita sustancial hacia los acreedores. Las tasas de interés internacionales se encuentran en niveles cercanos al 0%. Si alguien decide comprar un bono de un país desarrollado, el rendimiento que obtendría sería prácticamente nulo. La oferta argentina podría garantizar una tasa de, por lo menos, un 4 o 5% anual para estos fondos. Es por esto que los rumores abarcan desde quitas del 60%, hasta establecer un plazo de gracia donde los acreedores aceptan no cobrar sus vencimientos por seis meses. 

Sin embargo, el caos financiero internacional también hace que nuestro país no sea una prioridad para estos fondos. Una oferta demasiado agresiva podría ser descartada y amenazar con un proceso más lento y tortuoso, que desgastaría las finanzas nacionales. Existe un dato contundente sobre la falta de interés de los capitales especulativos sobre los mercados emergentes: el Instituto de Finanzas Internacionales calculó un flujo de salida de u$s 77,4 mil millones durante 83 días del 2020. Guzmán deberá avanzar con cautela si desea evitar un default completo.

Mientras hablamos de cifras millonarias en torno a los pagos de deuda, hay una realidad de la que no podemos escapar. Hablamos del nivel de reservas y dólares disponibles para pagar obligaciones de deuda externa, un mecanismo que hoy se encuentra cuestionado incluso por el FMI y el Banco Mundial. En paralelo, discutimos sobre las posibilidades económicas de hacer frente al avance del coronavirus en nuestro país. ¿Cuán mayores serían nuestras posibilidades sanitarias si utilizamos las divisas disponibles para adquirir insumos y equipos médicos?