El jefe de Gabinete aseguró que "va a ser algo realmente revolucionario" y destacó el diálogo con los gobernadores provinciales.
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Atrás quedaron los tiempos en que la Iglesia contribuía al Proceso de Reorganización Nacional, mejor conocido como dictadura cívico-militar, perpetrado entre 1976 y 1983 en nuestro país.
Al menos así lo demuestra la entrega de más de 100 actas de bautismo que se hallaron en la capilla Stella Maris de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal hacia la Justicia.
De esta forma, los archivos que registran 127 bautismos realizados entre 1975 y 1984 fueron puestos a disposición del juez Federal Sergio Gabriel Torres y del Fiscal general Pablo Parenti.
#Comunicado de #prensa de la Comisión Ejecutiva sobre la documentación hallada en el #Obispado Castrense
— Conferencia Episcopal Argentina (@PrensaCEA) 6 de marzo de 2018
Más en https://t.co/MfiSnsT8Mz https://t.co/HfBI9sBuXB pic.twitter.com/yurw2wabcm
En un comunicado de prensa publicado en la página oficial del Episcopado "sobre la documentación hallada en el Obispado Castrense", la institución notifica la postura adoptada ante "la solicitud que les fuera cursada en orden a establecer un mecanismo de acceso a la información sobre bautismos celebrados en la Escuela de Mecánica de la Armada durante el período 1975-1984, de cuyo registro" aseguran haberse enterado "recientemente".
"Tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983", sostiene el escrito.
En pos de esa convicción, el texto reza: "Compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina pone a disposición de la justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de esta Conferencia ante los requerimientos de la justicia en estos últimos años".
Los miembros de la CEA consideraron que "estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos" y finalmente se comprometieron a " poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro".
El jefe de Gabinete aseguró que "va a ser algo realmente revolucionario" y destacó el diálogo con los gobernadores provinciales.
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