La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata hará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de mayo para que el Estado argentino impulse la causa de lesa humanidad por las torturas y abusos durante la Guerra de Malvinas.
"Llegamos a esta instancia para buscar una solución amistosa con el Estado. Hace 36 años que los soldados de Malvinas están buscando justicia y debe haber un compromiso del país para que se llegue a la verdad", declaró el abogado del Cecim en esta causa.
Las investigaciones por estas violaciones a los Derechos Humanos de los combatientes comenzó hace 10 años con una denuncia radicada en el juzgado Federal Número 2 de Río Grande, Tierra del Fuego.
En 2009, el ex militar Jorge Eduardo Taranto, uno de los acusados en este causa, presentó ante el juzgado un recurso para pedir la prescripción de los delitos que se le imputaban en una denuncia presentada por un ex soldado.
A partir de allí comenzó un recorrido judicial que terminó con la Corte Suprema de Justicia avalando el pedido del militar acusado por violar delitos de lesa humanidad.
En principio, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó la solicitud de proscripción por parte de Taranto, ya que consideraba que sus delitos debían ser considerados delitos de lesa humanidad y por ende ser imprescriptibles.
Pero dos años más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación validó el pedido de Taranto y en febrero de 2015 la Corte ratificó ese criterio. Ante esta situación, los veteranos de guerra de La Plata decidieron presentar un recurso ante la CIDH para evitar que se siente un precedente que haga caer la causa.
En la actualidad, hay radicados en el juzgado de Río Grande -que tiene jurisdicción sobre Malvinas en función del reclamo de soberanía sobre las islas consagrado en la Constitución Nacional- 105 casos de violaciones a los derechos humamos, 95 imputados y 120 denunciantes.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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