En las horas de la tarde del viernes, la fuerza de seguridad nacional ha vivido un momento de temor e incertidumbre, luego de la aparición de dos artefactos explosivos ubicados bajo un vehículo en la puerta de la sede central, lo que ha desatado una ola de fuertes acusaciones políticas a partir de las manifestaciones violentas del pasado 18 de diciembre.

Fuentes que hallaron los mismos indicaron que junto a las bombas caseras se halló una pancarta escrita que pedía por la liberación de los detenidos y amenazaba con nuevos atentados, identificándose como integrantes del Partido Obrero. Inmediatamente, desde el estado apuntaron contra ellos.

"La violencia política es un camino que la ciudadanía repudia, contrario a una Argentina con diálogo y respeto. Los responsables de atentar contra las instituciones pagarán por sus actos", había publicado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo que generó una inmediata respuesta de los integrantes del partido a través de un comunicado oficial.

"Es una miserable provocación política contra nuestro partido. La sola mención del PO, dándole visos de seriedad a un hecho completamente burdo, ya constituye un intento de ensuciar y ensombrecer la lucha que el Partido Obrero está llevando adelante por la libertad de su compañero César Arakaki", relata el parte oficial. 

Ante este fuerte descargo, remarcaron que son víctimas de una persecución política por parte del gobierno de Cambiemos y un "intento de criminalización" de las organizaciones que participan y organizan a la clase obrera en una orientación de lucha e independencia política, en la cual el Partido Obrero acredita 50 años de trayectoria.

Como cierre del mismo, el Partido Obrero aseguró que iniciará acciones legales contra los funcionarios que "intencionadamente han difundido esta burda versión", asi como también reclaman el retiro de todas las acusaciones en su contra. Además convocaron a una nueva movilización pidiendo la libertad de los presos por las manifestaciones.