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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes un proceso para crear una nueva
Constitución, sin voto universal sino por sectores del "pueblo", al cumplirse un mes de protestas opositoras que exigen su salida del poder.
"Convoco (...) para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo", dijo ante una multitud de seguidores congregados en el centro de Caracas, por el Día del Trabajador.
"Necesitamos transformar el Estado, sobre todo a la Asamblea Nacional podrida que está ahí", dijo Maduro.
¿Cómo se hará la elección? A diferencia de la convocada por Chávez en 1999, esta vez Maduro quiere que sean electos unos 500 representantes, no de forma universal, sino una parte por sectores sociales y la otra por municipios, para formar una Asamblea "popular, ciudadana, obrera" para reformar la Carta Magna.
El anuncio se produjo en momentos en que miles de opositores marchaban en Caracas para exigir elecciones generales, sin que pudieran llegar al centro, como pretendían, al ser bloqueados con
lluvias de bombas lacrimógenas por las fuerzas de seguridad.
"El chavismo convoca la única elección que puede ganar: una elección de ANC (Asamblea Nacional Constituyente) manipulando bases comiciales y sistema de elección", aseguró Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.
La oposición acusa a Maduro de instaurar una "dictadura", mientras que el mandatario asegura que sus adversarios buscan darle un golpe de Estado y propiciar una intervención extranjera.
Las protestas estallaron el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicara temporalmente las funciones del Parlamento. En un mes, los choques, saqueos y tiroteos han dejado 28 muertos y cientos de heridos de lo que se responsabilizan mutuamente gobierno y oposición.
La convulsión política tiene lugar en una gravísima situación económica: Venezuela sufre de una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo, que el FMI cifra en 720% para 2017.
Los documentos incorporan chip, policarbonato y nuevos sistemas de seguridad, en el marco de un proceso de modernización del sistema de identificación.
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Los abogados denunciaron irregularidades en el inicio del expediente, presiones sobre los imputados arrepentidos y cuestionaron la intervención del juez y el fiscal.
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La Secretaría de Trabajo no descarta dictar la conciliación obligatoria, mientras el gremio podría sumar una nueva medida de fuerza a la ya anunciada previamente.
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"Estamos pasando de las palabras a los hechos. Estamos tomando medidas y vamos a seguir haciéndolo", dijo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
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Las negociaciones apuntan a sortear las diferencias por el capítulo fiscal del proyecto.
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