El 31 de mayo se presentó en la Legislatura Mendocina un proyecto de ley que tiene en vilo a muchos profesionales de la salud. Se trata de una reforma que busca modificar el funcionamiento de la Caja de Salud, alterando la ley 6728. 
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A la situación actual, en la que los profesionales de la salud monotributistas deben aportar a la caja de manera obligatoria, la reforma le añadiría el concepto de&nbsp;“Comunidad Vinculada”, lo que implica que todos los sujetos que utilizan el servicio de salud realizarían un aporte para la jubilación de los profesionales. Para muchos, esto es una&nbsp;“privatización velada” de los servicios sanitarios. 
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 Lo que queremos es poder elegir si queremos aportar en esa caja o en el ANSES, ya que hay diferencias económicas y de respaldo (Flavia Peñaloza) 
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¿Pero qué es, exactamente, la Caja de Salud? Se trata de un ente público no estatal creado en 1999. La normativa obliga a los trabajadores monotributistas de la salud a realizar aportes previsionales en esta institución, sin posibilidad de elegir otra. Se trata, claro, de un fondo importante, puesto que la entidad&nbsp;nuclea a 11 profesiones, entre ellas Medicina, Odontología, Bioquímica, Farmacología, Kinesiología y Psicología. 
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Quienes están en contra de este sistema reclaman que se les permita decidir si quieren aportar ahí o no. La kinesióloga Flavia Peñaloza, por ejemplo, afirma que es preciso acceder a la “libertad jubilatoria”. “Lo que queremos es poder elegir si queremos aportar en esa caja o en el ANSES, ya que hay diferencias económicas y de respaldo”, dice. 
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Por otra parte, el hecho de que los usuarios de la salud aporten para los fondos previsionales de los usuarios implicaría, según Peñaloza, “una suba en los costos de la salud que se pagaría por medio de un estampillado, y que recaería en el bolsillo del usuario”. 
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 “Si vas al odontólogo y te hace un certificado, para que tenga validez deberá estar estampillado y eso va a correr por cuenta del paciente” (William Panini) 
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El médico William Panini lo grafica con claridad: "si bien el objetivo que plantea la caja con el estampillado es aumentar los ingresos e indirectamente aumentar los valores de las jubilaciones, eso implica un mayor costo a los usuarios de salud privada”. Y advirtió: “si vas al odontólogo y te hace un certificado, para que tenga validez deberá estar estampillado y eso va a correr por cuenta del paciente. Inicialmente va a tener un costo bajo, pero después vaya a saber de cuánto será”. 
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El sector de los profesionales que está en contra del funcionamiento de la caja y las reformas propuestas se movilizó el fin de semana. Paralelamente, están juntando firmas y adelantan que van a seguir con medidas de protesta.

Muchos profesionales están disconformes.

M&eacute;dicos, kinesi&oacute;logos, veterinarios y miembros de otras carreras relacionadas con &ldquo;el arte de curar&rdquo; se manifestaron en contra de la Caja de la Salud. En Mendoza, piden&nbsp;libertad sobre sus aportes.

M&eacute;dicos, kinesi&oacute;logos, veterinarios y miembros de otras carreras relacionadas con &ldquo;el arte de curar&rdquo; se manifestaron en contra de la Caja de la Salud. En Mendoza, piden&nbsp;libertad sobre sus aportes.

Profesionales de la salud quieren elegir dónde aportar

Conflicto

"No cumple con la ley, es inconstitucional, no cumple con el fallo de la CSJN&nbsp;(Corte Suprema) del año 2010. Macri avanza sobre las facultades del Congreso, no respeta la división de poderes", advirtió el jefe del bloque de diputados de Unidad Ciudadana ante las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo. 
El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Mauricio Macri, busca "reducir la burocracia estatal, apuntando a reducir costos y simplificar trámites, en el marco del plan del Ejecutivo para achicar el gasto público", según explicaron desde el Parlamento, sin embargo, apuntan a que la medida perjudica a los trabajadores. 
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 Agustín Rossi contra Macri&nbsp;por el DNU ómnibus. Foto: Twitter 
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"El DNU de Macri es terrible. Es un DNU que deroga y modifica más de 140 leyes, es una ley ómnibus en donde esta claro que Macri se burla del parlamento argentino", remarcó el político santafesino, que a su vez pidió que, "tanto el Senado&nbsp;como Diputados deberán constituir la comisión bicameral" para controlar las decisiones. 
Respecto a los que deparará para el año 2018 en materia política y legislativa, Rossi denunció que&nbsp;"el Gobierno va a tratar de limitar la actividad parlamentaria como sea, sobre todo la actividad de Diputados luego de lo que pasó en el debate sobre la reforma previsional que fue una gran pérdida política para ellos". 
 
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 1- El DNU ómnibus consta de 22 capítulos y 192 artículos, deroga 19 leyes y modifica 140. No cumple con la ley, es inconstitucional, no cumple con el fallo de la CSJN del año 2010. Macri avanza sobre las facultades del Congreso, no respeta la división de poderes.— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 
 <a href="https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/951852215383273477?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de enero de 2018</a> 
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 2- Autoriza a usar el FGS en operaciones financieras, desviandose del destino original que eran inversiones productivas. Pone la plata de los trabajadores en manos de la timba financiera— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 
 <a href="https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/951854846537322496?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de enero de 2018</a> 
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"Este Gobierno a lo único a lo que se dedica es a apretar a dirigentes políticos y sindicales para tratar de obtener determinadas decisiones que vayan en el sentido de lo que ellos están pensando", agregó durante una entrevista con FM La Patriada 
Marcos Cleri, que presidió hasta el 10 de diciembre la Bicameral de Trámite Legislativo, también advirtió sobre las medidas y aseguró que&nbsp;"lo que se está haciendo es desregular ciertas áreas y pasarlas a áreas que puedan ser rápidamente privatizadas”, tales como puertos, seguros, energía, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el tránsito y&nbsp;el SENASA.

En la jornada del jueves 11 se aprob&oacute; el 'mega DNU' que modifica m&aacute;s de 140 leyes y desde la oposici&oacute;n apuntaron contra el presidente

Agustín Rossi, duró contra los decretos de Macri: "Se burla del parlamento argentino"

POLÍTICA

El director general de la Anses,&nbsp;Emilio Basavilbaso, reconoció la intención del Ejecutivo de extender la edad jubilatoria, aunque sea de manera "voluntaria".&nbsp;La edad legal para retirarse en la actualidad es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres.&nbsp; 
"El Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de tres años&nbsp;se debata el régimen previsional argentino", dijo el funcionario y&nbsp;&nbsp;agregó que "eso es todo por el momento",&nbsp;debido a que el Parlamento tiene que discutirlo en una comisión especial que aún no fue constituida. 
Al ser consultado respecto a la idea de mover la edad jubilatoria, Basavilbaso aclaró:&nbsp;"Mi opinión personal&nbsp;es que lo ideal es tener un sistema&nbsp;como he leído que tienen otros países donde la edad es voluntaria" y agregó que al igual que sucede en otros países&nbsp;"el trabajador tiene la opción de seguir trabajando y eso le significa que en el futuro su jubilación va a ser mejor", aclaró.&nbsp; 
"El estado no tiene que poner una edad ideal si no generar incentivos para que aquellos que quieran seguir trabajando, puedan hacerlo", subrayó en diálogo por radio La Red y ante la posibilidad del regreso de las AFJP&nbsp;indicó que "lo único que está definido es que el sistema previsional tiene que ser público".

Apuntan que se pueda extender cinco a&ntilde;os de forma optativa y que se pueda cobrar s&oacute;lo por los a&ntilde;os aportados. El director general de la Anses, Emilio Basavilbaso, aclar&oacute; que si bien no hay nada concreto a&uacute;n, existe un proyecto para debatir el r&eacute;gimen provisional argentina

El Gobierno analiza extender la edad jubilatoria

El presidente Mauricio Macri reivindicó la creación de una nueva empresa controlada por la firma estadounidense Hughes para construir y operar el satélite Arsat 3. El convenio con la empresa norteamericana representa&nbsp;una violación de la ley 27.208 de Soberanía Satelital ya que no cuenta con el visto bueno del Congreso. 
El artículo décimo de la ley 27.208 de Soberanía Satelital exige la autorización del Congreso para avanzar con “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados que pertenezcan o sean asignados a Arsat”. 
Ante la presunta violación de la legislación el presidente se defendió: “No lo tengo tan claro. Esto es un acuerdo sobre un satélite que tiene un carácter comercial y no tecnológico. Es una carta de intención”.&nbsp; 
“Estamos buscando un socio estratégico que potencie la capacidad de Invap y Arsat”, indicó en mandatario.&nbsp;La carta de intención firmada a finales del mes pasado con la compañía norteamericana supone la creación de una nueva empresa que se encargará de gestionar el nuevo satélite y estará controlada en un 51%&nbsp;por Hughes y en un 49% por la propia Arsat. “No queremos repetir esta experiencia de que lanzamos un satélite y está vacío&nbsp;Eso cuesta miles de millones de pesos a todos los argentinos”, consideró Macri.&nbsp; 
“Les digo a los muchachos de Invap que no se preocupen, van a seguir trabajando, y estamos buscando cómo potenciar mejor su trabajo”, sostuvo Macri.&nbsp;Sin embargo, desde la oposición advierten que la medida va más allá de un simple acuerdo comercial.&nbsp; 
El contrato con Hughes incluye la provisión de comunicaciones satelitales comerciales, comunicaciones gubernamentales incluyendo comunicaciones federales, civiles, de defensa y agencias de inteligencia

El presidente asegur&oacute; que la creaci&oacute;n de una nueva empresa controlada por la firma estadounidense Hughes para construir y operar el sat&eacute;lite Arsat 3 es un socio estrat&eacute;gico. La medida fue criticada por la oposici&oacute;n

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privatización

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