El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
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El presidente Mauricio Macri reivindicó la creación de una nueva empresa controlada por la firma estadounidense Hughes para construir y operar el satélite Arsat 3. El convenio con la empresa norteamericana representa una violación de la ley 27.208 de Soberanía Satelital ya que no cuenta con el visto bueno del Congreso.
El artículo décimo de la ley 27.208 de Soberanía Satelital exige la autorización del Congreso para avanzar con “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados que pertenezcan o sean asignados a Arsat”.
Ante la presunta violación de la legislación el presidente se defendió: “No lo tengo tan claro. Esto es un acuerdo sobre un satélite que tiene un carácter comercial y no tecnológico. Es una carta de intención”.
“Estamos buscando un socio estratégico que potencie la capacidad de Invap y Arsat”, indicó en mandatario. La carta de intención firmada a finales del mes pasado con la compañía norteamericana supone la creación de una nueva empresa que se encargará de gestionar el nuevo satélite y estará controlada en un 51% por Hughes y en un 49% por la propia Arsat. “No queremos repetir esta experiencia de que lanzamos un satélite y está vacío Eso cuesta miles de millones de pesos a todos los argentinos”, consideró Macri.
“Les digo a los muchachos de Invap que no se preocupen, van a seguir trabajando, y estamos buscando cómo potenciar mejor su trabajo”, sostuvo Macri. Sin embargo, desde la oposición advierten que la medida va más allá de un simple acuerdo comercial.
El contrato con Hughes incluye la provisión de comunicaciones satelitales comerciales, comunicaciones gubernamentales incluyendo comunicaciones federales, civiles, de defensa y agencias de inteligencia
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El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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