El Gobierno oficializó un alivio directo para las familias que envían a sus hijos a colegios privados de gestión subvencionada. Mediante la Resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo flexibilizó el esquema de los Vouchers Educativos y dispuso que la acumulación de cuotas impagas no derivará en la pérdida o suspensión del beneficio estatal.
La normativa congela de forma temporal, hasta diciembre de 2026, la aplicación de los artículos 14 y 21 inciso E del Reglamento General del Programa, los cuales regulaban el control de pagos y las causales de baja. Hasta ahora, el esquema era estricto: la acumulación de dos cuotas adeudadas suspendía la ayuda hasta regularizar la situación, mientras que a los tres meses de mora el subsidio se cancelaba.
La modificación fue impulsada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, desde donde argumentaron en los fundamentos que el objetivo prioritario es que “no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios”. Al eliminar la obligación de reportar a los deudores, las instituciones educativas ya no deberán informar la falta de pago que provocaba la caída automática del subsidio.
La medida responde al acelerado incremento de la mora en las cuotas escolares en todo el país. Según estadísticas de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la morosidad promedio alcanzó el 11%, registrando un salto importante respecto del 7% anotado el año anterior. En esa línea, el secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, detalló que en varios distritos del conurbano bonaerense, especialmente en las zonas sur y oeste, los niveles de deuda llegan al 20%.
El resto de las condiciones de elegibilidad del programa continúan vigentes sin modificaciones: está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal, cubre hasta el 50% del valor de la cuota y requiere ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, tope que en agosto se ubica en $2.636.200. Con este ajuste, el Ejecutivo busca estabilizar las matrículas y aportar previsibilidad a los hogares hasta el cierre del ciclo lectivo 2026.