El Congreso reabre sus puertas esta semana con una agenda intensa y negociaciones contrarreloj, con la reforma laboral como proyecto principal. Aunque en el paquete de iniciativas también están incluidas otras que generan tensión entre aliados y opositores.

Pese a que en varios de los textos ya cuentan con dictamen, el escenario parlamentario sigue abierto y los votos no están garantizados, lo que obligó al oficialismo a intensificar el diálogo con gobernadores y bloques aliados.

Reforma laboral: la prioridad del Gobierno

El primer tema en la agenda es la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, que ya obtuvo dictamen en comisión en el Senado, aunque el respaldo necesario para aprobarlo tal como está redactado todavía no está asegurado. Por este motivo, en los últimos días se aceleraron las gestiones, con reuniones y recorridas encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

En ese marco, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) mantuvieron un encuentro con el jefe de Gabinete en la Casa de Salta, donde reclamaron una compensación por la pérdida de recursos coparticipables que implicarían los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.

Se trata de mandatarios considerados “dialoguistas”, que en otras oportunidades fueron clave para que el oficialismo lograra avanzar con iniciativas en el Congreso. El misionero Hugo Passalacqua, también parte de ese grupo, no participó del encuentro.

Régimen Penal Juvenil: tensiones con los aliados

A la par de la reforma laboral, el Gobierno decidió reactivar el debate por el Régimen Penal Juvenil, luego de haber postergado su tratamiento para concentrarse en la agenda económica. La decisión de incluirlo en las extraordinarias abrió un nuevo foco de conflicto.

Desde el PRO sostienen que la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años, mientras que sectores de la UCR advierten que insistir con los 13 podría hacer naufragar los consensos construidos durante el año pasado. “Volver a discutir ese punto es abrir la caja de Pandora”, deslizan desde la oposición dialoguista.

Pese a las dudas, Patricia Bullrich ratificó el impulso del proyecto y aseguró que “va a ser ley”, aunque en el Congreso reconocen que el escenario aún es incierto.

Cambios en la Ley de Glaciares

Otro de los proyectos que ingresó al temario de extraordinarias es la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa del Ejecutivo redefine el concepto de “ambiente periglacial” y limita la protección a aquellas áreas que cumplan una función hídrica comprobable, como el almacenamiento o suministro de agua.

Además, transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar qué zonas quedarán bajo ese régimen de protección y prevé la creación de un registro nacional de glaciares. El tema genera resistencias de sectores ambientalistas y científicos, que advierten sobre un posible retroceso en materia de preservación ambiental.

Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que llega al Congreso

La agenda se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el pasado 9 de enero. El tratado contempla la eliminación gradual de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques, con plazos de hasta 15 años para productos sensibles.

Para el Mercosur, el acuerdo amplía las cuotas de exportación agropecuaria hacia Europa; para la UE, mejora el acceso al mercado sudamericano de autos, autopartes, maquinaria, productos químicos, vinos y quesos.

Con este combo de proyectos, el Congreso arranca un febrero caliente, atravesado por negociaciones políticas, reclamos fiscales de las provincias y un oficialismo que busca mostrar músculo legislativo en un año clave para su programa de gobierno.