El Gobierno inició el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país. La medida, publicada hoy en Boletín Oficial a través del Decreto 695/25, combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque sostiene al Estado como accionista mayoritario.

Actualmente, Nucleoeléctrica está controlada en un 79% por el Estado nacional, un 20% le corresponde a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y un 1% a Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Bajo el nuevo esquema, un 44% de las acciones serán vendidas mediante licitación pública nacional e internacional. Además, se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5%, destinado a trabajadores.

El 51% restante quedará en manos del Estado Nacional y la CNEA, asegurando control mayoritario. Además, se dispuso que ENARSA transfiera el 1 % de sus acciones en NASA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01% de su participación en ENARSA.

El Ejecutivo sostuvo que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027), completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II y reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.

En 2023, la compañía recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.

En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que para sostener esa performance y encarar nuevas inversiones resulta clave abrir la puerta al capital privado.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.

El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.