Este jueves, el procurador general ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, dictaminó a favor de duplicar la pena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. El funcionario respaldó la presentación del fiscal de Casación Mario Villar, quien solicitó que la ex mandataria sea también condenada por el delito de asociación ilícita y que su sentencia se eleve de seis a doce años de prisión.

La actual condena, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por la Cámara de Casación, es por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Casal considera que, además, debe revocarse su absolución por asociación ilícita, delito por el cual la pena máxima llega a los doce años de prisión. El dictamen no es vinculante, por lo que la Corte Suprema no está obligada a seguirlo, ni tiene plazos para resolver.

En el expediente judicial se investiga el supuesto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

A comienzos de mayo, en el marco de la misma causa, tras unas declaraciones del magistrado sobre el candidato a integrar el máximo tribunal, Ariel Lijo, Cristina Kirchner recusó al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Según la ex presidenta, sus palabras “no hacen más que confirmar las veladas amenazas ‘en off’”, y sugirió que buscan excluirla del proceso electoral.

La titular del PJ denunció además el rol de Lorenzetti en la nominación de Lijo como nuevo miembro de la Corte. “Estos hechos fueron denunciados por una Senadora Nacional en la sesión pública y no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje”, afirmó. También sostuvo que las interpretaciones públicas no dejan dudas sobre “el verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos”.