El Gobierno argentino anunció el cierre de fondos fiduciarios por un total de $69.000 millones. La decisión, anticipada durante semanas en diferentes intervenciones públicas, se materializó con el objetivo de eliminar progresivamente los fondos fiduciarios que dependen del erario nacional. Sin embargo, la falta de especificidad respecto a cuáles serán los afectados suscitó inquietudes entre diversos sectores de la sociedad.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, expresó en redes sociales: "Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que dependen del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos".

Los fondos fiduciarios fueron objeto de discordia entre el oficialismo y la oposición, especialmente durante las negociaciones en torno a la ley ómnibus. Estos fondos representan un pilar importante para las provincias, garantizando un presupuesto asegurado por más de un año para diversos programas públicos, lo que contribuye a la estabilidad financiera y el desarrollo regional.

Entre los fondos afectados se encuentran el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte, el de Desarrollo Provincial, el Fondo PROCREAR, el Fondo PROGRESAR, así como fideicomisos vinculados a la infraestructura eléctrica y hídrica, el sector agrícola y la cobertura de salud.

Si bien se argumenta que la eliminación de estos fondos busca optimizar el uso de los recursos estatales, persisten dudas sobre las consecuencias a corto y largo plazo, así como sobre la transparencia en el proceso de redistribución de fondos.