El precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, solicitó ante la Justicia el reconocimiento de la personalidad jurídico-política del partido para presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

La documentación fue publicada en exclusiva por la abogada Natalia Volosin e incluye la plataforma electoral, donde están comprendidas las diferentes medidas que pretende llevar adelante el actual diputado nacional.

El economista, en síntesis, propone una reforma integral dividida en tres etapas. La primera implica un "fuerte" recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria "que empuje una baja de los impuestos, la flexibilización laboral para la creación de empleos en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional".

Entre las reformas de segunda generación, Milei propone una reforma previsional para profundizar el recorte del gasto público, en este caso, en jubilaciones y pensiones, "alentando un sistema de capitalización privado junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y achicamiento del Estado". Esta etapa también contempla reducir a ocho la cantidad de ministerios y la eliminación "progresiva" de los planes sociales.

Finalmente -indica el texto- la tercera generación incluye la reforma "profunda del sistema de salud con impulso del sector privado, competitividad libre entre empresas del sector, una reforma del sistema educativo y la ampliación de un sistema de seguridad no invasivo para la población y la eliminación de la coparticipación".

Luego, divide por área cada una de las medidas. Así, explica que en materia económica, entre otras cosas, prevé la eliminación de gastos improductivos del Estado y su "optimización y achicamiento". En línea con esto, impulsa la "privatización de las empresas públicas deficitarias".

En este plano también prevé la eliminación del Banco Central, la liberación "inmediata" de todos los cepos cambiarios, la unificación del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones a las exportaciones y derechos de importación y la "competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía". También menciona la ley de alquileres, al promover el tratamiento de una nueva norma que prevea el acuerdo entre las partes sobre las condiciones de tiempo, actualización y moneda.

En términos laborales, propone una nueva ley de contrato de trabajo "sin efecto retroactivo", cuya principal reforma implica "eliminar las indemnizaciones sin causa" y sustituirlas "por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad", reducir las cargas patronales que gravan el trabajo. Mientras que en el plano sindical, promueve la libertad de afiliación sindical y la limitación temporal de los mandatos sindicales. También la creación de una bolsa de trabajo pública con financiamiento privado.

Más adelante en el texto, propone "arancelar" todas las prestaciones que den los hospitales públicos, "proteger al niño desde la concepción" y que los residentes extranjeros "que demuestren disponibilidad económica" cubran sus gastos. En ese sentido, también exigir "reciprocidad" a los turistas extranjeros cuyos países exijan a los argentinos contar con un seguro de salud con cobertura de hasta 30.000 dólares.

Después vuelve sobre una idea que levantó polémica durante las últimas semanas: la implementación de un sistema de "vouchers cheque educativo" para los padres de los alumnos, en lugar de dárselo al Ministerio de Educación. También la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles de enseñanza.

En materia de seguridad, Milei propone "la construcción de establecimientos penitenciarios (cárceles y alcaidías) por sistema de gestión público-privada", la "militarización de los institutos durante el período de transición y analizar "la factibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores".

En ese aspecto, continúa con otra batería de propuestas: "presentar proyectos tendientes a la modificación de las leyes y procedimientos que dificulten el accionar policial y otorguen excesivas concesiones a los delincuentes; desregular la portación de armas; prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales; y la deportación inmediata de extranjeros que delincan en el país".

"Promover la reafirmación soberana nacional en todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado, garantizando y manteniendo la seguridad territorial y estilos tradicionales de vida", enuncia otro ítem.

El acta constitutiva de la alianza la presentó Santiago Viola, ex abogado de los hijos del empresario Lázaro Báez, procesado -y luego sobreseído- por presentar testigos falsos.

Son tres partidos nacionales (Partido Demócrata, Unión Celeste y Blanco y Renovador Federal) y cinco distritales (La Libertad Avanza de La Rioja, Fuerza Republicana de Tucumán, Republicanos Unidos de Tierra del Fuego, Ciudadanos por Chubut y ADN de San Juan).

Estamparon su firma los representantes de los partidos que integran la alianza, entre ellos, Martín Menem (La Libertad Avanza La Rioja) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana Tucumán).