Mientras la grieta discute y echa culpas sobre qué Gobierno endeudó más al país, pasó bajo el radar un dato fundamental para el futuro de la economía argentina. A partir de la información de Alejandro Bercovich en BAE Negocios, se extendió la versión de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda tomada por el Gobierno anterior por US$45.000 millones estaría prácticamente cerrado. 

En qué consiste el acuerdo

Sin que haya sido desmentido oficialmente, la inminente firma de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas contemplaría el plazo máximo que disponen los estatutos del organismo: 10 años para cancelar el préstamo en cuotas más laxas que las actuales, con 4 de gracia (sin pagos). 

Lo novedoso es la incorporación de una cláusula que extendería automáticamente el acuerdo en caso que el Fondo modifique sus estatutos e incorpore alguna nueva línea de crédito que otorgue un plazo mayor para su cancelación. El Gobierno nacional se pone en la fila del eventual Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (Fondo Verde), un programa especial que está siendo debatido en el organismo, pero que aún no toma forma.

La otra novedad es la eliminación de los punitorios y sobretasas que Argentina paga por haber recibido un préstamo que supera en 187,5% su cuota en el organismo internacional. Los recargos por haber incurrido en este acceso excepcional implican que nuestro país deba pagar una tasa de interés del 4,05%. A partir de su supresión, se abonará una tasa del 1,05%.

Lo que no modifica el Fondo son sus clásicos objetivos fiscales: el nuevo programa llevaría el compromiso del Gobierno de alcanzar el déficit cero en 2025. ¿Habrá modificado la imposición de sus “reformas estructurales”? Por estatuto, los acuerdos de Facilidades Extendidas empujan al país firmante a avanzar en tres aspectos: reforma laboral, previsional y tributaria. 

Acumulación de vencimientos

 

La cláusula que habilita automáticamente al Gobierno a suscribir un acuerdo con más plazo no es casual. Además de la dificultad evidente de abonar US$45.000 millones más sus intereses en seis años, los vencimientos del Facilidades Extendidas se superpondrán con los de la deuda en manos de acreedores privados, reestructurada recientemente. 

A partir de 2025, Argentina ya debe enfrentar vencimientos superiores a los US$8.000 millones por año entre su deuda bajo legislación local y extranjera. Si suponemos que los vencimientos del principal del préstamo del Fondo se dividirán en partes iguales por los 6 años, debemos incorporar US$7.500 millones adicionales. En este caso, los vencimientos de deuda externa consolidados entre el FMI y bonistas superarán los US$15.000 millones por año. 

El maldito déficit fiscal

Para hacer frente a esta carga, el Gobierno deberá encarar un proceso de ajuste. Ya sea pagando los vencimientos o contrayendo nueva deuda para extenderlos (lo que se conoce como rollear la deuda), el oficialismo actual y el que asuma en 2023 deberán hacer los deberes, con el FMI como tutor permanente.

Incluso antes de firmar un nuevo programa, el Ministerio de Economía avanzó en una fuerte reducción del gasto público. En los primeros siete meses del año, el déficit fiscal primario acumulado llegó al 0,7% (sin tener en cuenta los ingresos del Aporte de las Grandes Fortunas). Se trata de un número sorprendentemente bajo, si se lo compara con el proyectado en el Presupuesto, del 4,5%. Pese a que se espera un aumento del gasto durante la segunda mitad del año, las consultoras pronostican un sobrecumplimiento presupuestario, con un rojo fiscal apenas superior al 3% para este 2021.

¿De dónde salen los dólares?

Sin embargo, la deuda externa está nominada en dólares. Tanto para pagarla como para rollearla, es necesario contar con la capacidad de generar divisas. Para conseguirlos, el Gobierno tiene en la mira proyectos para apuntalar sectores económicos que considera claves. Es el caso de la minería, los hidrocarburos (Vaca Muerta), el automotriz y, lógicamente, el campo. 

En las próximas semanas se espera el envío al Congreso de proyectos de ley particulares para cada uno de estos sectores que otorgarían beneficios fiscales, con el objetivo de fomentar sus exportaciones y traer dólares al Banco Central. Los millonarios subsidios que se giran a las empresas por el Plan GasAr quedarían institucionalizados en la Ley de Hidrocarburos. 

Aparentemente la protección del Estado al sector vale la pena, mientras esperamos que la vaca viva y comencemos a exportar petróleo y gas en cantidades. Evidentemente, la apuesta es que el agujero fiscal generado por el precio de extracción subsidiado que reciben las petroleras se compense con ingresos de divisas en el futuro. O, por lo menos, cortando las importaciones de energía. 

Al parecer, los proyectos de ley que fomentan estas actividades pasarían fácilmente por ambas cámaras. En el escenario ideal, protegiendo y apuntalando estos sectores estratégicos llegaríamos a conseguir los dólares necesarios para ir despejando vencimientos de deuda. En caso de alcanzar el éxito, regresaríamos a los mercados de crédito internacionales, para tomar nueva deuda y rollear los vencimientos.

La grieta hace que los consensos sean casi una utopía: no es posible siquiera acordar en una distinción elemental como la diferencia entre tomar deuda en dólares y en pesos. Sin embargo, en la dirigencia política y económica hay un acuerdo de fondo: Argentina necesita dólares, cueste lo que cueste.

Mientras en el mundo se discute el cambio climático, la transición energética y la reducción de las emisiones de carbono, el consenso local apunta a reprimarizar la economía. Mientras se fomenta la minería y la extracción de hidrocarburos, salimos a la calle en remera en invierno, el Río Paraná se seca y los carpinchos invaden Nordelta.