La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó hoy que una delegación del gobierno argentino "escuchará" planteos por la situación de los militares argentinos presos por delitos de lesa humanidad durante un encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La comitiva de funcionarios argentinos que asistirá a la convocatoria prevista para mañana por la CIDH estará integrada por el Director Nacional de Derechos Humanos, y personal de la cancillería.
Consultado sobre qué decisión se adoptará en torno al planteo del organismo internacional, Gravano respondió que en principio "el Gobierno ha sido requerido por la CIDH" y sólo "escuchará cuáles son los reclamos que se formulen en ese ámbito".
HOY la CIDH recibe a representantes de @Justicia_y_C y de Puentes para la Legalidad, quienes denunciarán las condiciones de encarcelamiento de los detenidos por los mal llamados crímenes de "lesa humanidad". Desde acá enviamos nuestro apoyo ala comitiva. https://t.co/3texxJOHx7
— Centro de Estudios Cruz del Sur (@cruzdelsurce) 2 de octubre de 2018
En declaraciones formuladas a la prensa tras participar de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri, el ministro confirmó que al encuentro "irá una delegación del Gobierno integrada por el Director Nacional de Derechos Humanos y personal de Cancillería".
Según se informó, la CIDH examinará la situación de los militares argentinos presos: el organismo citó par dicho encuentro a las asociaciones Justicia y Concordia y Puentes para la Legalidad, y al Gobierno.
Las entidades anticiparon que van a denunciar ante el organismo una supuesta violación a las normas del debido proceso.
En se sentido, sus abogados defensores anticiparon que "hay más de 2.000 presos políticos y ya 460 muertos en cautiverio".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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