Desde el destape de las causas de Petrobras y Lava Jato (Odebrecht) que le han costado el puesto a varios funcionarios, incluso a la presidenta electa Dilma Rousseff, en Brasil continúan las investigaciones de corrupción y una vez más vuelve al centro de la escena Luiz Inacio Lula Da Silva.

Luego de que a mediados de 2017 se presentara a declarar por haber aceptado coimas de la empresa constructora a través de un departamento, un fiscal pidió un nuevo embargo para él y su hijo por 7,2 millones de dólares, ligados a la firma de decretos que beneficiaron con incentivos fiscales a empresas automotrices.

Pese a la presentada por el fiscal Hebert Mesquita sería la séptima causa judicial en contra de Lula Da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no se rinde y sigue su camino de cara a las elecciones de 2018, que lo tiene como uno de los políticos más importantes del país, encabezando todas las encuestas.

Sin embargo, deberá esperar a que estas acciones queden absueltas, ya que las leyes brasileñas, remarcan que si esa condena o alguna de las que pudiera recibir en los procesos aún en trámite fuera confirmada por instancias superiores antes de los comicios, no podría ser candidato a ningún cargo electivo.

La votación presidencial está prevista para el mes de octubre y en menos de un año deberá tener en condiciones su estado judicial para retomar el poder que supo tener entre los años 2003 y 2010, llevando a Brasil a salir de una dura crisis económica, y considerado la cabeza de los últimos 12 años de mandato, hasta la exclusión de Dilma.