Este viernes vence un nuevo plazo de la propuesta de reestructuración de la deuda extranjera de la provincia de Buenos Aires, que el Gobierno extendió en una decena de oportunidades. El Ejecutivo bonaerense señaló que “los bonistas continúan reclamando concesiones que son imposibles de aceptar”. De esta forma, las negociaciones se tensan.

El pasado 1 de marzo el Gobierno de Axel Kicillof anunció la extensión para el próximo 26 del corriente mes del plazo para que acreedores privados adhieran a su oferta de canje de bonos de ley extranjera por 7.148 millones de dólares. La oferta fue lanzada el 24 de abril de 2020 y desde entonces la ha prorrogado. 

Por su parte, el comité de los acreedores que reúnen en sus carteras cerca del 50% de los bonos bonaerenses llamados al canje ha denunciado en diversas oportunidades que percibe falta de actitud de diálogo del Gobierno con los inversores, y de voluntad de salir del cese de pagos en el que se encuentra la Provincia desde el pasado mes de mayo.

A través de un comunicado lanzado a cinco días del vencimiento del plazo, el Gobierno bonaerense explicó que en los primeros meses de 2021 se intensificaron las conversaciones con los asesores de Golden Tree Asset Management LP, el principal acreedor de la Provincia, al que definieron como “el más proactivo”. Si bien se habló de que el diálogo ha “resultado de gran utilidad”, las concesiones que continúan exigiendo serían imposibles de afrontar para la administración provincial.

“Se presentó términos indicativos de una posible enmienda a la invitación vigente, los cuales evidencian un esfuerzo importante de la Provincia para responder a las demandas de los acreedores en la mayor medida posible, sin perder la meta de asegurar la sostenibilidad de los compromisos asumidos por la Provincia”, explicó el Gobierno y precisó que se eliminó la quita de capital, se elevaron los cupones y “se disminuyó la vida promedio de más de 13 años a 11 años”. “Adicionalmente, preservando la buena fe, se planteó reconocer los intereses contractuales devengados por los bonos elegibles durante todo el proceso, en los términos y condiciones de los nuevos bonos, a aquellos inversores que aceptaran participar en la invitación. Así, la Provincia indicó que dedicaría pagos por casi USD 1.800M por encima de la oferta original al repago de los bonos bajo legislación extranjera en el período 2021-2030″.

En el Ejecutivo provincial señalaron que “pese a la mejora en el valor total del paquete”, los acreedores “continúan reclamando concesiones que en nada aportarían a la solución real del problema de la deuda provincial”. “Se han solicitado términos y condiciones que son imposibles de aceptar para la Provincia, incluyendo tasas de 7,5%, valor equivalente al cupón promedio de la deuda que se está reestructurando”, denunció el Gobierno cuando restan cinco días para un nuevo vencimiento.

Además, se informó que mantendrá su postura de exigir que “cualquier acuerdo tiene que estar alineado con la realidad fiscal y la capacidad de pago genuina de la Provincia”, contemplando el contexto macroeconómico. “El nuevo perfil de vencimientos debe procurar volver sostenible la deuda en términos financieros y sociales, descartando acuerdos con meros alivios de corto plazo que impliquen volver a encontrar a la deuda provincial en la misma situación dentro de unos años”, añadió.

En este sentido, se hizo referencia al aumento de la pobreza y de la indigencia, resaltando que “casi la mitad de las personas que viven en los partidos del Gran Buenos Aires son pobres”, porcentaje que se agrava al 60% en el caso de los menores de edad, y que “los datos de personas que viven en situación de pobreza extrema son inaceptables”.

“No hay capacidad de pago si no hay crecimiento. Para poder repagar la deuda hay que crecer sostenidamente y para ello es necesario impulsar la actividad provincial con una fuerte inversión en infraestructura física y social”, se plantó el Gobierno dejando en claro que mantiene “el deseo de continuar las conversaciones de buena fe con los acreedores para promover una reestructuración de la deuda que contribuya significativamente a estabilizar la situación económica actual, aliviar las limitaciones a medio y largo plazo de la economía de la Provincia creadas por la carga de la deuda y devolver la trayectoria económica de la Provincia al crecimiento a largo plazo”.

Finalmente, el Gobierno provincial concluyó que “los acreedores son conscientes de los retos a los que se enfrenta la Provincia y esperamos que ellos reflejen ese entendimiento en sus contrapropuestas”.