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La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del ex candidato de Cambiemos Fernando Niembro, el cual había sido concebido por el juez de instrucción Roberto Ponce en primera instancia. La entidad ordenó continuar con la investigación que intenta determinar si existió delito por parte del periodista al recibir alrededor de $25.000.000 de parte del Gobierno porteño, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno
"Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otro de los delitos", indicó la Cámara en su resolución.
Niembro fue imputado luego de que la Procuraduría contra el Lavado de Dinero (Procelac) tomara lo denunciado por el diario Tiempo Argentino. Según la investigación del medio, el periodista deportivo recibió un monto de más de $25 millones provenientes de distintas dependencias del Gobierno porteño, gracias a un decreto que permitía saltearse las modalidades de contratación reglamentarias.
En consecuencia, el acusado terminó renunciando a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires de la mano del frente Cambiemos, en 2015. Más tarde, sin embargo, fue sobreseído, aunque ahora la Cámara del Crimen revocó esa decisión y dio instrucciones sobre cómo avanzar en la investigación judicial.
En el fallo, haciendo referencia a la facturación del ex candidato entre 2012 y 2015, se señaló que "La Usina Producciones S.R.L. percibió del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma total de 24.718.595,48 pesos y tuvo un costo de 5.644.898,07 pesos para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas, lo que en definitiva le significó una utilidad bruta de 19.073.606,41 pesos".
Fernando Niembro había sido contratado en forma directa y sin licitación para "proveer espacios de publicidad" a una cadena televisiva donde él trabajaba y para realizar "encuestas de satisfacción sobre el servicio de recolección de residuos".
Los camaristas Alberto Seijas, Ricardo Pinto y Carlos Alberto González sostienen que "no resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó. Tampoco la conclusión vinculada con la ausencia de sobreprecios en los pagos".
