El 24 de diciembre de 1986, el Congreso Nacional promulgó la ley Nº 23.492, conocida como la "Ley de Punto Final" que, después de 60 días, eliminaba la posibilidad de presentar cualquier acción penal contra quienes hubieran participado en los crímenes perpetuados durante la última dictadura militar en el país, a excepción de los relacionados con los secuestros de los bebés recién nacidos.

En enero de 1987, esta decisión derivó en una gran cantidad de denuncias presentadas por familiares de desaparecidos y sobrevivientes contra los genocidas.

El 23 de febrero de ese mismo año fue el último día para la presentación de cargos. Hasta esa fecha, se registraron 300 procesamientos a distintos oficiales de altos mandos durante el gobierno militar.

El Mayor Ernesto Barreiro se negó a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba tras ser imputado por torturas y asesinatos en el centro clandestino de detención conocido como "La Perla".

El miércoles 15 de abril, la policía intentó trasladarlo por la fuerza ante la justicia pero alrededor de 130 soldados y oficiales se acuartelaron para exigir la finalización de los juicios y el "cese de la persecución".

Este hecho fue registrado como el primer levantamiento armado Carapintada, nombrado así por mostrarse públicamente con los rostros pintados con pomada para camuflaje.

El entonces Teniente Coronel Aldo Rico se trasladó al día siguiente a Campo de Mayo a liderar la sublevación en la Escuela de Infantería, convirtiéndose en el foco de conflicto más significativo durante aquellos días.

Tras varios días de tensiones, negociaciones y manifestaciones, el domingo de Pascuas del 19 de abril de 1987 se llevó a cabo una movilización masiva en la que la sociedad civil demostró su profundo rechazo a los levantamientos de los grupos militares.

El presidente Alfonsín se dirigió a la multitud ese mismo día, en una primera oportunidad, para anunciar que él personalmente se presentaría en Campo de Mayo para negociar con Aldo Rico.

Horas después, Alfonsín se hizo presente nuevamente ante la multitud de la Plaza de Mayo y comunicó que "los hombres amotinados han depuesto su actitud".

Aquel discurso será históricamente recordado por la frase "Felices pascuas, la casa está en orden", con la que buscó calmar los ánimos de la sociedad.

Años más tarde, Rico relataría los hechos de aquella negociación detallando que el pedido que le hizo al presidente fue una “solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión".

La consecuencia inmediata de aquella negociación fue la firma del Acta de Compromiso Democrático que se vio reflejada el 4 de junio cuando se sancionó la "Ley de Obediencia Debida" que "exculpaba" a todos los integrantes del ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad pero que lo hicieron por "cumplir" con las órdenes de sus superiores.

Sin embargo los levantamientos no terminaron ahí. Dos en 1988 contra el gobierno de Alfonsín y uno en 1990 durante la presidencia de Carlos Menem fueron otros conflictos militares que se llevaron a cabo a manos de los Carapintadas.

A pesar del arresto y posterior juicio a los implicados en los levantamientos armados, la mayoría no recibió su castigo correspondiente.