La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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Luego de que una nueva acusación de presunto lavado de dinero manchara al Gobierno, el jefe de Gabinete, Marcos Peña rompió el silencio y se refirió a las cuentas exteriores que se hallaron del subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan con 1,2 millones de dólares.
En ese sentido, el funcionario aseguró que se trata de un patrimonio que el acusado tenía "antes de entrar al Gobierno": "Es un caso previo a la función pública", sostuvo.
De esta forma, Peña demostró su apoyo a Díaz Gilligan, investigado por figurar como el propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.
"Hoy hay una Oficina Anticorrupción que investiga a los funcionarios, algo que no ocurría en los gobiernos anteriores. Estamos hablando de 2 ó 3 casos sobre miles de funcionarios", consideró.
Siguiendo esa línea, el referente de Cambiemos remarcó que "se están presentando más declaraciones juradas" ante este organismo, y que "incluso se han reducido sueldos como multas por demoras en presentar" esos documentos.
Por otro lado, el jefe de Gabinete destacó el hecho de que en la investigación por la cuenta de Andorra "no estamos hablando de fondos públicos, como sucedía antes".
Asimismo, argumentó que, cuando se dé el caso de que algún miembro del Ejecutivo sea "denunciado y que pueda tener un fundamento que afecte a su función", se lo puede apartar de su cargo. Sin embargo, opinó que "no estamos hablando de eso" en el caso del subsecretario general.
El jefe de los ministros señaló también que "a priori" confían en él, aunque aclaró que van a "esperar a que se presente" este lunes ante el organismo dirigido por Laura Alonso "para explicar las cosas", ya que no van "a apañar a nadie".
"Tenemos que dejar trabajar a la Oficina Anticorrupción y a la Justicia, no creemos que en estos casos tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas si fuera en el caso de la función actual poder hacer un apartamiento temporario", concluyó.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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