La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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Luego de haber llevado adelante investigaciones en las sedes de San Miguel y Moreno, efectivos de la Policía Federal llevaron adelante tres allanamientos en sedes del Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas coimas y extorsiones a empresarios de transporte.
Los procedimientos se llevaron adelante en la sede central del sindicato; en la Secretaría de Deportes del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, ubicadas en la calle San José al 1.700 en el barrio porteño de Constitución, y en la sede del Club Camioneros, de la calle Víctor Hugo al 2.500 en el barrio porteño de Villa Real.
Según expresaron los efectivos de seguridad, ordenados por la jueza porteña de Instrucción Wilma López, el objetivo de los allanamientos dispuestos por la Justicia es seguir obteniendo documentación en el marco de la investigación sobre supuestas extorsiones sufridas por empresarios.
"Si hubo extorsión o no, la determinará la Justicia. Pero la orden de la jueza era concreta: venir a buscar fotocopia de unos cheques y los recibos del sindicato. Para eso, con un pedido por teléfono, bastaba, o venir con una o dos personas", aseguró el abogado del sindicalista, Daniel Llermanos, que se mostró ofendido con la forma en la que se produjo el operativo.
"Es absurdo. Acá hay alguien que quiere volver a una Argentina represiva. Esta escena de hoy no quiero volver a verla más, ya vi desaparecer a amigos míos de la facultad. No pueden venir con camiones de infantería", cerró el letrado en la puerta del Sindicato de Camioneros, tras la investigación.
En el mismo lugar, algunos trabajadores se presentaron en apoyo a lo que acusan que es una "persecusión" contra el dirigente y coparon la sede cantando por él y en contra de mauricio Macri, además de advirtiendo sobre un posible paro de actividades a nivel nacional.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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