A los 85 años, el productor es protagonista de una serie que cuenta su vida y su extensa trayectoria en los medios.
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A raíz de los incidentes durante la votación por el Presupuesto, la Ley de Migraciones y la expulsión de residentes extranjeros han generado repercusiones en el cuerpo político argentino
“Hubo más deportaciones en este año que en los últimos diez años” sostuvo Rogelio Frigerio, acompañado de la ministra Patricia Bullrich, tras conocerse que 4 de los 26 detenidos por los incidentes el día de la votación por el Presupuesto eran extranjeros (2 venezolanos, 1 paraguayo y 1 ciudadano turco).
De igual manera, el senador por el Partido Justicialista (PJ) Miguel Angel Pichetto planteó la necesidad de "expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen. Sobre todo a los que cometieron delitos menores: hay que echarlos a patadas rápido"
En el día de la fecha, fue el propio presidente Mauricio Macri quien emitió su opinión al respecto: "Queremos gente que venga con la vocación de trabajar como hicieron nuestros abuelos y tratar de protegernos frente a otros que vienen con otro tipo de intenciones y le dan mucho trabajo a la ministra Bullrich"
Considerando que la actual administración asumió funciones el 10 de diciembre de 2015, entendemos la lectura de los datos que indican la cantidad de personas deportadas por Cambiemos desde el inicio del año 2016.
De igual manera, te contamos que los datos utilizados son brindados por la Dirección Nacional de Migraciones. En tal sentido, los mismos refieren desde el año 2006 hasta el presente 2018.
Habiendo sido deportadas 33 personas en 2016, 75 en 2017 y al momento del presente año, otras 150, es que sólo en el gobierno de Mauricio Macri han sido expulsadas 258 personas.
Este número cobra trascendencia si consideramos que en la década comprendida en el período 2006 - 2015, fueron reportadas del país tan sólo 81 personas. Esto significa que:
En menos de tres años de gobierno, la administración de Macri ha deportado más de tres veces la cantidad de personas que en los últimos diez años previos a su llegada.
La ley distingue entre aquellos que tienen residencia en el país y quienes no. Para los residentes la legislación sostiene que la expulsión corresponde cuando la persona tiene una condena penal, aunque la misma pueda no encontrarse firme.
En el caso de quienes aún no disponen de residencia, la normativa marca que ante un procesamiento penal, el Poder Judicial de la Nación debe reportar obligatoriamente a la Dirección Nacional de Migraciones. Con este aviso, la Dirección tiene la facultad de intimar al extranjero a regularizar su situación u ordenar su expulsión.
La administración Macri tuvo en su llegada al gobierno el dictamen de un Decreto de Necesidad y Urgencia respecto de esta normativa.
Según un informe provisto por Chequeado, la Ley de Migraciones establecía, previo al DNU, la posibilidad de iniciar un trámite de expulsión a un extranjero sólo en determinados casos:
Para los residentes, la expulsión se originaba a partir de delitos graves con pena mayor a cinco años y para los no residentes los delitos debían tener pena superior a tres años.
El decreto dictado por Macri significó que se le pueda iniciar un trámite de expulsión a los extranjeros por cometer cualquier delito con pena de prisión.
Al mismo tiempo, en caso de los no residentes el nuevo decreto incorporó el término “antecedentes”, lo cual establece que no es necesaria una condena para iniciar el trámite de expulsión de un extranjero.
A los 85 años, el productor es protagonista de una serie que cuenta su vida y su extensa trayectoria en los medios.
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La vocera del organismo, Julie Kozack, también destacó que el programa actual ha generado “resultados increíbles”, mencionando avances en la inflación y las reservas.
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La normativa se oficializó en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, destacó que la medida incluye una modernización integral de la gestión de la vía fluvial.
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El ex presidente fue citado para el próximo 11 de diciembre.
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Manuel Adorni dijo que están abiertos a discutir cambios en las partidas, pero dejó en claro que lo único que no se negocia es el equilibrio fiscal.
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