La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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El juez federal Sergio Torres dictó la falta de mérito y liberó al policía de la Federal Dante Berisone. Estaba acusado de atropellar a una persona con su moto durante los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante el debate por la Reforma Previsional.
Según supo NA, el efectivo fue liberado luego de negar ante el magistrado haber sido quien atropelló al cartonero Alejandro "Pipi" Rosado, de 19 años, quien aseguró que no estaba participando de la protesta.
Torres decidió la medida a partir de las "contradicciones" entre los distintos testigos que declararon en la causa, todos ellos policías, que no pudieron establecer si el efectivo captado por las cámaras de seguridad e identificado por la división de Asuntos Internos era efectivamente Berisone.
Por ello, el Juzgado volvió a ordenar a Asuntos Internos de la Policía Federal que aporte datos concretos sobre los efectivos involucrados del grupo de Operaciones Motorizadas, a la que pertenece el imputado, quien sin embargo seguirá bajo investigación.
El efectivo había quedado detenido el 29 de diciembre pasado, luego de que el juez le ordenara al Ministerio de Seguridad que identificara a la persona que conducía la moto que protagonizó el episodio, que fue registrado en video: allí fue nombrado Berisone.
Mientras tanto, en la causa siguen prófugos dos militantes del Partido Obrero (PO), quienes están acusados por agredir a policías durante los incidentes del 18 de diciembre.
Se trata de Sebastián Romero, ex precandidato a diputado del Frente de Izquierda por Santa Fe y que el día de la protesta disparó contra los policías una arma "tumbera", y de Dimas Fernando Ponce, un abogado e integrante del PO de la localidad de Máximo Paz.
En tanto, sigue detenido el militante del mismo espacio César Arakaki, acusado de golpear al policía Brian Escobar.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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