La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Establecieron multas y la orden de decomisar la mercadería que transportan los delivery de en bicicleta y moto. Además les bloquearon el cobro a través de las tarjetas de crédito.
El Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires decidió este viernes suspender las actividades de las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, por incumplimientos de resoluciones judiciales.
El titular del Juzgado, Roberto Gallardo dispuso que la Policía de la Ciudad "decomise" las mercaderías que transportan estas empresas "que no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales".
Asimismo determinó que "las empresas autodenominadas plataformas serán sancionadas con el pago de pesos diez mil ($10.000) por cada infracción verificada".
También resolvió que sean "bloqueadas de inmediato las operatorias mediante tarjetas de crédito de las empresas mencionadas, conforme la orden impartida a la autoridad crediticia".
"La violación de lo antedicho quedará encuadrada en desobediencia judicial y se dará intervención inmediata al fuero penal a sus efectos", señaló el juez.
Gallardo explicó que su decisión se basa "en el incumplimiento" por parte de las empresas de la presentación de documentación "ordenada hace siete meses" por la Justicia.
El Juzgado de Primera Instancia le había solicitado el 10 de julio último a las plataformas, que en 48 horas debían presentar una lista completa de su personal y la constancia de haberles entregado los implementos de seguridad vial exigidos por la ley.
También debían acreditar que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.
"Estas obligaciones se encuentran incumplidas", resaltó el juez, que decidió, por tanto, suspender las actividades de las tres empresas.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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