La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial. El gremio que nuclea a los empleados públicos llamó a los trabajadores a no respetar el Decreto.

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La Corte Suprema de Justicia solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se conformó la Sala I de la Cámara Federal que la semana pasada decidió liberar y cambiar la carátula de la causa a Cristóbal López.
Mediante un oficio enviado a Miguel Piedecasas, presidente del Consejo, pidió que se "arbitren los medios" para que se investigue la conformación del Tribunal, integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
La lupa está puesta en la designación de Farah como tercer integrante de la Cámara: el fallo de la Sala I había sido dividido, ya que Leopoldo Bruglia se opuso, mientras que Ballestero se pronunció a favor de la liberación, lo que obligó a recurrir a un tercer magistrado para desempatar, Farah, integrante de la Sala II, que opinó como Ballestero.
Lo que quiere investigar la Corte es si la designación de Farah se dio por sorteo, como debería ser, o por designación propia de Ballestero, un rumor periodístico que surgió en los días posteriores al fallo.
Luego de la decisión de los jueces, tanto el presidente Mauricio Macri como la dirigente la Coalición Cívica, Elisa Carrió, levantaron la voz. Incluso esta última pidió investigar si hubo motivaciones económicas que dirigieron el voto de los magistrados.
Presenté una nota ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue si hubo intereses económicos involucrados en el fallo de los jueces Farah y Ballestero con el que beneficiaron a Cristóbal López con un cambio de calificación https://t.co/x8hntjlNOH
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 21 de marzo de 2018
Cristóbal López y Fabian de Sousa están acusados de apropiarse indebidamente de unos 17 mil millones de pesos (con punitorios e intereses) que debían haber pagado en calidad de impuestos por la venta de combustibles en las estaciones de Oil.
En el fallo, los jueces decidieron que a los empresarios se los investigue por "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" a la de "apropiación indebida de tributos", que prevé penas mucho menores.
La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial. El gremio que nuclea a los empleados públicos llamó a los trabajadores a no respetar el Decreto.
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