El 12 de diciembre se emitió la excarcelación del ex funcionario Amado Boudou ¿Desde cuándo y por qué estaba preso? El 7 de agosto del año 2018 el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo encontraba culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

Lo cierto es que el cuerpo magistrado acusó a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la compañía encargada de la impresión de papel moneda fomentando posteriormente a este hecho su salvataje. Todo esto, mientras se desempeñaba como ministro de Economía. Como consecuencia lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión.

Sin embargo, sobre finales del año pasado, se planteó que en la Argentina “rige el principio de permanencia en libertad. El encarcelamiento sin condena firme sólo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación".

Pagando una fianza de 1 millón de pesos y utilizando una tobillera de monitoreo electrónico que lo limita en un radio de 100 km, entre otras condiciones, Amado Boudou quedó en libertad. Sin embargo, podría volver a quedar en prisión.

La Cámara Federal de Casación Penal realizó en el día de ayer una audiencia en la que se analizó si el ex vicepresidente debe volver a la cárcel a raíz de la Causa Ciccone.

Tras los pedidos por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), los argumentos fueron escuchados por los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

Si bien disponen de cinco días para emitir una decisión, lo más probable es que en el día de hoy comuniquen la resolución.

La discusión entre la detención y la libertad se basa en si existe o no riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación al punto de que se requiera que Boudou esté preso hasta tanto se resuelva la eventual condena.

Sobre eso giró la audiencia en Casación mantenida ayer. A partir de los pedidos de la UIF y OA, lo cierto es que se sostuvo que los mismos deben ser rechazados, entendiendo que según lo dispuesto por la ley nacional, los querellantes no pueden opinar sobre la eventual detención o libertad de los acusados.