A pesar de la liberación, la causa sigue su curso y su defensa anunció que buscará el archivo del expediente para demostrar su inocencia.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó "fundada preocupación" por el decreto migratorio firmado por el presidente Mauricio Macri, en tanto que el Gobierno rechazó intenciones "xenofóbicas" y aseguró que la Argentina es un país "de puertas abiertas" a los extranjeros.
Durante una audiencia convocada de oficio por la CIDH en Washington a partir de la modificación de la normativa migratoria en la Argentina, el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, advirtió que existe "fundada preocupación" por el hecho de que este tipo de medidas escondan una intención de culpar a migrantes por "aumento del delito".
Sin embargo, el director nacional de Migraciones, Horacio García, aseguró que la Argentina es un país de "puertas abiertas" y destacó que desde que el presidente Mauricio Macri asumió se regularizó la situación de 250 mil extranjeros. García aseguró además que la Argentina está en condiciones de recibir "40 millones" de inmigrantes y resaltó el "aporte positivo" de la inmigración.
El funcionario justificó el decreto que agiliza los plazos para la expulsión de inmigrantes que cometen delitos, al indicar que se requieren tiempos "razonables" debido a que con anterioridad "el trámite insumía entre 8 y 10 años".
A su vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recalcó que "no se trata de perseguir migrantes" y que "la nacionalidad de quien delinque no" interesa en el proceso que se inicia, sino "la aplicación del Estado de derecho".
"La Argentina es un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos", dijo el funcionario.
El endurecimiento de la política migratoria impuesto por Macri por decreto, una reforma que el Gobierno justificó en su lucha contra el crimen, provocó críticas, generó malestar de los gobiernos de Bolivia y Paraguay y preocupación en la CIDH, que decidió llamar a una "audiencia de oficio" para discutir la medida.
A pesar de la liberación, la causa sigue su curso y su defensa anunció que buscará el archivo del expediente para demostrar su inocencia.
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