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Entre una de las solicitudes que realizó hoy la Corte Suprema de Justicia se destaca el pedido de investigar al órgano encargado de realizar escuchas judiciales por la filtración a la prensa de las conversaciones telefónicas entre el ex de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
De esta forma es que el máximo tribunal requirió al Congreso Nacional que ejecute una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, área encargada de efectuar las escuchas.
La CSJN también demandó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que informe "si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección; si existe alguna observación respecto la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia y confidencialidad custodia, así como cualquier otro elemento que considere relevante".
Así lo dispuso la Corte en una resolución firmada por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y por los ministros Elena Higthon, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El pedido al Congreso es para que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos Actividades de Inteligencia, que no está constituida, efectúe una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado, un cuerpo creado por la Corte "con autonomía de gestión y facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes" para la realización de escuchas.
"Desde la primera oportunidad esta Corte confirió especial importancia los aspectos de transparencia y confidencialidad que debían regir su actuación", resaltó el máximo tribunal.
En ese marco, recordó que el 29 de septiembre de 2016 se firmó el "Convenio de Colaboración con el Honorable Congreso de la Nación Argentina", en el que dispuso que ese poder se encargara del "seguimiento de las actividades de la Dirección, a efectos de garantizar estándares de imparcialidad, transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos mas eficientes para prestar asistencia contra el crimen organizado en los planos nacional y transnacional".
El alto tribunal hizo estos requerimientos luego de que se filtraran en varios medios de comunicación conversaciones telefónicas entre la ex mandataria y Parrilli, que eran parte de escuchas que había ordenado el juez Ariel Lijo sobre el ex secretario general de la Presidencia en el marco de una investigación por supuesto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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