El fallo judicial hizo lugar al reclamo presentado por ATE y prohibió al Gobierno ejecutar medidas como traslados, despidos o cambios estructurales en el organismo.

La Justicia frenó el decreto que buscaba reestructurar el INTI
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El escándalo de las coimas que el cuaderno del ex chofer Oscar Centeno sacó a la luz tiene muchas aristas: en esta ocasión, los legisladores porteños (PTS-Frente de Izquierda) Myriam Bregman y Patricio Del Corro solicitaron el fin de la concesión del Subte a Metrovías, cuya titularidad pertenece a Aldo Roggio, uno de los empresarios arrepentidos en la causa.
El involucrado en este entramado de sobornos a nivel nacional reconoció haber realizado pagos indebidos y por eso los diputados piden derogar la prorrogación de la concesión de los trenes subterráneos.
"El empresario Aldo Roggio, cuya empresa está a cargo de la concesión del Subte, salió del Juzgado de Claudio Bonadío convertido en un nuevo empresario arrepentido" tras confesar que "para mantener la concesión de este servicio público pagó coimas", se lee en el proyecto de ley de Bregman y Del Corro.
Y agregó la diputada: "Mientras el titular de esta empresa reconoce abiertamente haber pagado coimas en su gestión del Subte, sigue lucrando con un servicio público esencial, sigue recibiendo subsidios millonarios y encima aplicó un fuerte aumento de tarifas sobre millones de usuarios, a pesar que habíamos logrado detenerlo por unos meses mediante el amparo que presentamos en la Justicia junto a Claudio Dellecarbonara".
Dellecarbonara, miembro de los metrodelegados, anunció su apoyo a la iniciativa y consideró que "los pagos de coimas admitidos por Roggio fueron en detrimento de realizar mejoras operativas para alcanzar estándares de calidad de servicio para los usuarios".
"Los trabajadores hemos sufrido con accidentes laborales y hemos pagado hasta con la vida de compañeros. Este empresario sin ninguna legitimidad para colmo ataca judicialmente a nuestra organización sindical", agregó.
En tanto, Del Corro apuntó que "esto demuestra el fracaso del sistema de concesiones privadas vigente desde 1994 y que viene además siendo cuestionado en la justicia por la complicidad de SBASE con la empresa Metrovías S.A.".
"Por lo tanto queremos que la Legislatura discuta este pedido de derogación de la concesión así como el proyecto del Frente de Izquierda que dispone la estatización y gestión y administración de trabajadores y usuarios del Subte, y se abra un amplio debate para terminar con las prebendas y la corrupción en la gestión de los servicios públicos", insistió.
El fallo judicial hizo lugar al reclamo presentado por ATE y prohibió al Gobierno ejecutar medidas como traslados, despidos o cambios estructurales en el organismo.
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