La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Por una medida de fuerza sindical, no se permite la salida de camiones con combustible de ninguna de las refinerías.
La medida de fuerza impulsada por la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, que paralizó desde este viernes las refinerías del país, podría generar un desabastecimiento de combustibles en todo el país.
"Está totalmente parada la actividad de abastecimiento", advirtió el titular FASiPeGyBio, Pedro Milla, titular del sindicato, en declaraciones radiales. Por la huelga, no se permite la salida de camiones con combustible de ninguna de las plantas y se estima que para esta misma noche podría haber un desabastecimiento de naftas y gasoil.
Luego de anunciada la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó este jueves una conciliación obligatoria, que no fue acatada por el gremio. Los sindicalistas aseguran que la conciliación anterior venció el miércoles y que el Estado no puede volver a decretar una nueva conciliación por el mismo conflicto.
La Federación, que reúne a 66.000 trabajadores, exige una recomposición salarial del 13,5% por la paritaria del 2019 y un aumento del 30% para el 2020. “Tras cinco meses sin recibir el incremento salarial correspondiente a la inflación, los trabajadores del petróleo tomarán acción directa en todo el país”, anunciaron ayer por la tarde, luego del fracaso de la reunión con representantes de las Cámaras de Industria del Petróleo (CIP).
“Fueron muchos meses de espera. Hoy finalizan los tiempos legales para el aumento del 13,5%; y aún no recibimos ninguna propuesta de la CIP”, explicó Gabriel Matarazzo, secretario general de la FASiPeGyBio de Bahía Blanca.
Por su parte, los empresarios argumentan que no están en condiciones de otorgar aumentos salariales en medio de la crisis de demanda provocada por la pandemia, que marcó una caída de más del 30% en la venta de combustibles por el aislamiento y la falta de actividad económica.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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