La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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A más de dos años y medio de la presentación de la denuncia que iba a llevar adelante el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la misma se vuelve a activar con la citación de la líder de Unidad Ciudadana a indagatoria.
Con el horario de las 10 de la mañana del jueves 26 de octubre como fecha para la llegada de la senadora electa a Comodoro Py, se espera que presente declaración ante el juez Claudio Bonadio, donde se trata el delito de encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA.
Según lo que había detallado el fallecido Nisman en su presentación, se utilizó el memorandum con Irán como una herramienta jurídica que se utilizó para intentar encubrir a los cinco ciudadanos iraníes imputados por el ataque que dejó 86 muertos en 1994.
Bajo esto se acusa a Cristina, junto a otros miembros de su partido y gobierno, de permitir a través de este convenio, firmado por el propio presidente de Medio Oriente, de que los sospechosos pudieran evadir los procesos judiciales por el trágico hecho.
Por esta causa ya se prestaron a declarar algunos acusados como el ex canciller Héctor Timerman, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche; el dirigente piquetero Luis D’Elia y el presunto agente iraní Jorge "Yussuf" Khalil.
En la jornada de miércoles, se presentaron el diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés "Cuervo" Larroque, acompañado militantes, Eduardo "Wado" De Pedro, Axel Kicillof y Leandro Santoro, denunciando que "la causa tiene fines políticos".
"Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política y degradación de nuestra democracia, de un uso partidario y obsceno, inconstitucional, donde el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Ejecutivo", fueron las palabras que declaró Cristina Fernández de Kirchner, respecto a esta causa, la primera vez que fue citada.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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