La trágica historia de Jorge Julio López comenzó el 27 de octubre de 1976, en el marco de la última dictadura militar del país.

Aquel día, se produjo el primer secuestro de quien en aquellos tiempos militaba en Montoneros. Después de pasar por distintos centros clandestinos de detención, fue liberado el 25 de junio de 1979.

Los procesos judiciales que promovió el país durante la democracia llevaron a López a declarar por primera vez en 1999 durante los Juicios por la Verdad, un procedimiento judicial que no tuvo consecuencias penales que se desarrollaron en algunas ciudades del país.

Sin embargo, en 2005 se presentó a declarar nuevamente en la etapa de instrucción de la causa contra Miguel Etchecolatz (ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura), en el marco de los primeros juicios que se activaron tras la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El 28 de junio de 2006, Julio López declaró ya como testigo del juicio oral. Frente al tribunal relató las peores experiencias que vivió durante los años que estuvo secuestrado y brindó detalles de los lugares, nombre y fechas involucradas en el caso.

Esa declaración le costó que el 18 de septiembre de 2006 fuera la última vez que se lo vio. Según lo que consta en el expediente judicial, entre las 0 y las 7 de la mañana Jorge Julio López fue desaparecido.

Su hijo, Gustavo López, asentó la denuncia que derivó en la apertura de una causa por "averiguación de paradero" en manos de la jueza de garantías Marcela Garmendia.

El último lugar donde fue visto López fue en los alrededores de la casa de Susana Gopar, una policía bonaerense en actividad cuyo teléfono figuraba en la agenda de Miguel Etchecolatz.

Al día siguiente, Etchecolatz es condenado a cadena perpetua por su participación en la última dictadura militar al considerar los testimonios de, entre otros, Julio López.

Tras meses de burocracia judicial y el avance de una segunda causa, la Corte Suprema decidió que Arnaldo Corazza, juez federal de La Plata, sea quien esté al frente de la investigación de la desaparición de López.

El avance de la causa derivó en la orden de Corazza de intervenir los teléfonos de la cárcel de Marcos Paz. Allí estaban los procesados por delitos de lesa humanidad, incluido Etchecolatz.

Casi un año después, el juez Corazza ordenó un allanamiento que detectó, entre otras irregularidades, alteraciones en los libros de visita, el uso de líneas de teléfono no informadas, por lo que se abrió una causa contra un grupo de penitenciarios federales por obstaculizar la investigación.

Susana Gopar declaró bajo juramento que no conocía a Etchecolatz a pesar que del expediente surgió que sí. La querella solicitó allanamientos a su vivienda pero el juez denegó el pedido.

En abril de 2008 la Policía Bonaerense es apartada de la causa por "negligencia manifiesta" y la carátula cambia a "desaparición forzada".

El nombre de Carlos Falcone (ex médico de la Policía Bonaerense) comenzó a tomar relevancia en la causa ya que fue vinculado con la desaparición de López por ser el dueño del auto en el que habría sido secuestrado.

La familia de López presentó una denuncia penal contra los camaristas que juzgaron a Etchecolatz y las abogadas de Jorge por no haber protegido al testigo durante el desarrollo del juicio.

En enero de 2009, la Justicia autorizó un allanamiento a la vivienda de Falcone donde fue encontrado el auto que había señalado un testigo protegido durante el juicio, pero estaba desarmado hacía por lo menos 3 años.

El último pedido del genocida Etchecolatz fue el de ser beneficiado con la prisión domiciliaria. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal lo rechazó de forma unánime.

A 13 años de su segunda desaparición, no hay imputados en la causa que investiga el paradero de Jorge Julio López.