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El Gobierno presentó el “Súper RIGI” y busca regular las actividades de lobby

El nuevo esquema de promoción contempla ventajas fiscales para inversiones estratégicas, mientras que la otra iniciativa establece registros, declaraciones juradas y límites para ex funcionarios.

El Gobierno presentó el “Súper RIGI” y busca regular las actividades de lobby

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados dos nuevos proyectos que forman parte del paquete de reformas anunciado la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El denominado “Súper RIGI”, orientado a promover grandes inversiones, y una ley para regular la actividad de lobby y transparentar la gestión de intereses privados ante funcionarios y legisladores.

La iniciativa bautizada como “Súper RIGI” busca ampliar y profundizar el esquema de incentivos fiscales vigente para atraer inversiones estratégicas en distintos sectores productivos. Entre las actividades alcanzadas aparecen la cadena del litio, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, el GNL onshore, los reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), la producción de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y nuevos desarrollos petroquímicos.

A diferencia del régimen actual, el nuevo proyecto contempla una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, además de un esquema de amortización acelerada que permitirá desgravar el 60% de la inversión durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años siguientes. También incluye exenciones en derechos de exportación para los sectores alcanzados. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es generar un marco de mayor competitividad para captar inversiones de largo plazo y consolidar proyectos vinculados a energía, minería, tecnología e industria pesada.

En paralelo, se envió un proyecto de ley para regular las actividades de lobby. Apunta a transparentar las gestiones que realizan empresas, consultoras o intermediarios ante funcionarios públicos y legisladores para influir en decisiones del Estado. Entre los puntos centrales, el texto propone la creación de un registro digital obligatorio de lobistas, donde deberán declarar los intereses que representan. Además, establece la obligación de publicar las agendas de reuniones de funcionarios y fija incompatibilidades para ex funcionarios que pretendan ejercer tareas de lobby luego de dejar sus cargos.

También define como actividades de lobby las gestiones vinculadas con la elaboración, modificación o derogación de leyes, licitaciones públicas, concesiones, subsidios o beneficios fiscales para determinados sectores económicos.

Con estos dos envíos, el Gobierno completó los cuatro proyectos legislativos anunciados por Adorni. Los otros dos, vinculados a ludopatía y la derogación de la ley de Etiquetado Frontal, ya habían sido girados previamente al Senado.

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