También se adelantó que la actualización del expediente podría derivar en un agravamiento de las imputaciones.

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El documento fue firmado días antes del lanzamiento del token e incluía cláusulas de confidencialidad.

En el marco del caso $LIBRA, se conocieron detalles de un acuerdo confidencial firmado entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis, que quedó bajo la lupa luego del colapso del token lanzado a comienzos de 2025.
El documento, rubricado el 29 de enero de ese año, establece que Davis ofreció asesoramiento “ad honorem” al Estado argentino en áreas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial. El texto fue revelado por una investigación periodística del diario Clarín, que accedió al contenido completo del acuerdo.
Entre los servicios detallados figuran la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos, el impulso de ecosistemas de innovación tecnológica y programas de capacitación para funcionarios. El pacto también incluía cláusulas estrictas de confidencialidad y la renuncia expresa de Davis a cualquier tipo de remuneración.
El acuerdo fue firmado durante una breve visita del empresario a Buenos Aires, luego de una reunión en la Casa Rosada, pocos días antes del lanzamiento del token $LIBRA, que más tarde sufrió un desplome y generó pérdidas para inversores.
En paralelo, la investigación judicial y legislativa analiza movimientos financieros vinculados al caso. Según consta en el expediente, billeteras asociadas a Davis habrían transferido más de un millón de dólares en criptomonedas a intermediarios locales, algunos de los cuales derivaron fondos a estructuras informales. También se detectaron pagos periódicos a personas cercanas al proyecto.
El escándalo estalló tras la caída de $LIBRA y puso bajo análisis los vínculos entre el Ejecutivo y referentes del mundo cripto. La Justicia y el Congreso buscan determinar si existieron irregularidades en los acuerdos firmados y en el manejo de los fondos relacionados con el proyecto.

También se adelantó que la actualización del expediente podría derivar en un agravamiento de las imputaciones.
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Los cambios fueron oficializados mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 en el Boletín Oficial.
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