El abogado Nicolás Boniardi Cabra, defensor del clan Sena, fue detenido este miércoles por grabar con su celular dentro de la sala donde se realizan los preparativos del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. La normativa prohíbe las filmaciones debido al carácter privado de la audiencia, que tiene como objetivo seleccionar al jurado popular que evaluará la responsabilidad de los siete imputados.

Fuentes judiciales informaron que la detención se produjo durante la segunda jornada del proceso. Tras constatar la conducta indebida, los agentes secuestraron el teléfono del letrado, quien representa a Emerenciano Sena, padre del principal sospechoso del crimen.

La selección del jurado continúa con entrevistas a decenas de postulantes. Se busca conformar 12 miembros titulares y seis suplentes, quienes deberán analizar las pruebas y emitir un veredicto unánime sobre los acusados. El juicio investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en una vivienda del barrio Santa María de Oro, en Resistencia. Las cámaras de seguridad registraron a la víctima ingresando a la casa junto a su pareja, César Sena, sin que volviera a salir con vida.

Emerenciano y Marcela Acuña, padres del principal acusado y dirigentes sociales, están imputados como partícipes primarios del homicidio, mientras que César enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género. En caso de ser hallados culpables, las penas son de prisión perpetua. Otros integrantes del clan, como Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, están acusados de encubrimiento agravado. Las audiencias continuarán una vez finalizada la conformación del jurado ciudadano.

Según la teoría fiscal, César, de 21 años, cometió el crimen y sus padres, al conocer sus intenciones, “crearon un entorno seguro y propicio” al ausentarse de la vivienda y colaborar después en la eliminación de evidencia. Esta hipótesis fue cuestionada por Gloria Romero, madre de la víctima, pero ratificada en segunda instancia tras la revisión del juez de Garantías Héctor Sandoval. El caso genera repercusión política en la provincia por el rol público de los imputados y la investigación se extendió por más de un año.