Desde la oposición cuestionan la falta de transparencia del asesor presidencial y su papel en decisiones clave del Ejecutivo.

Solicitan a la Oficina Anticorrupción que Santiago Caputo declare bienes y patrimonio
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El fallo judicial hizo lugar al reclamo presentado por ATE y prohibió al Gobierno ejecutar medidas como traslados, despidos o cambios estructurales en el organismo.
El Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín resolvió suspender los efectos del decreto presidencial que disponía la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa de la Secretaría de Industria. La medida fue adoptada a partir de una presentación judicial realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que había solicitado la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional.
En su resolución, la jueza Forns ordenó que el Poder Ejecutivo se abstenga de avanzar con cualquier acción derivada del decreto PEN N°462/2025. La suspensión abarca eventuales reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o cualquier modificación estructural vinculada al organismo. Según consta en el expediente N°33589/2025, la magistrada consideró que se cumplían los requisitos legales para dar lugar a la medida de no innovar requerida por el gremio.
ATE había planteado que el intento de transformar o intervenir el INTI carecía de sustento legal y contradecía principios constitucionales como la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público. En un comunicado difundido tras conocerse la resolución, la organización gremial advirtió sobre la intención del Gobierno de avanzar con un plan de desmantelamiento institucional sin aval legislativo.
El decreto, ahora suspendido, había sido publicado el 8 de julio, justo antes de que venciera el período en el que el Congreso había otorgado facultades extraordinarias al Ejecutivo. En esa misma norma, el Gobierno también dispuso la reorganización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que pasó a ser una unidad dentro de la Secretaría de Agricultura.
En paralelo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fueron convertidos en organismos desconcentrados, mientras que se decretó la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Comisión Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).
Desde la oposición cuestionan la falta de transparencia del asesor presidencial y su papel en decisiones clave del Ejecutivo.
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