El Gobierno vetó la ley que declaraba la emergencia en Buenos Aires por las inundaciones en Bahía Blanca, impulsada por la oposición encabezada por Unión por la Patria, y aprobada el pasado 5 de junio por la Cámara de Diputados con 196 votos positivos. 

El Decreto 424/2025, que lleva al firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alega que ya "implementó las medidas que pretendían ser adoptadas" por la legislación propuesta por la oposición.

El texto "observa en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.790" y enumera las medidas del Ejecutivo para la asistencia tras el temporal sufrido por la ciudad del sudoeste bonaerense.

Ley de Emergencia para la Reconstrucción de Bahía Blanca vetada por Javier Milei: qué dice

El veto impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.

La ley que tenía sanción de ambas Cámaras preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. También contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

Sin embargo, el Ejecutivo vetó la emergencia a través del decreto, donde recordó que se impulsó la creación de una prestación monetaria llamada "SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)”. Y añadió que en el programa se inscribieron un "total de 37.546 personas" y "aún se encuentran en análisis otras 3.962" para recibir la prestación monetaria. Solo se recazó un 4% de los inscriptos.

En referencia al proyecto y la ampliación de la zona de ayuda estatal, la gestión del libertario aseguró que "resulta de imposible cumplimiento incluir a la localidad de CORONEL ROSALES en el marco del programa, toda vez que la zona fue oportunamente determinada sobre la base de informes producidos por organismos técnicos, como el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL".

Además, el veto resalta que "el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán".

Por último, sobre la asistencia financiera a micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno justificó el veto de la emergencia asegurando que "es oportuno mencionar que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, según lo dispone la normativa vigente, ya cuenta con las facultades para otorgar asistencia financiera" a los mencionados emprendimientos "cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen y también otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, conforme a las condiciones que para cada caso se acuerden, siguiendo los lineamientos que establece su Carta Orgánica".

Tras esta decisión, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso y su archivo, y de esta manera cerró la vía legislativa para la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca con la imposibilidad de volver a discutirlo, al menos, durante este año legislativo.