La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió a la decisión judicial que ordena el traslado de presos condenados de la Ciudad de Buenos Aires a cárceles federales y cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

A través de una nota oficial, Bullrich afirmó que "esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta" y que la competencia primaria del Gobierno nacional es "combatir los delitos federales". Según la ministra, la Justicia de la Ciudad "se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales" y en caso de detectar violaciones de derechos en dependencias, "debería obligar al Gobierno de la Ciudad a ingresar a los presos en su propio sistema de Alcaidías".

También sostuvo que las medidas adoptadas por el Gobierno porteño "dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar" y solicitó que "se haga cargo de las responsabilidades que le corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños, que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que retomen la buena fe en las negociaciones y que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantiene a los internos que cometen delitos en la ciudad".

Además, acusó a Jorge Macri de "filtrar maliciosamente información falsa a la prensa" y criticó la presentación de Habeas Corpus como una estrategia para "forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal", algo que calificó de "imposible" por la falta de plazas en el sistema. En este sentido, responsabilizó a la Ciudad por el incumplimiento en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

En cuanto a las alternativas propuestas, la ministra indicó que el 10 de abril de 2024 se ofreció a la Ciudad "realizar construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para alojar a 400 de sus presos, con la posibilidad de ampliar a 600 más", propuesta que, según Bullrich, "fue absolutamente rechazada". Posteriormente, se planteó la posibilidad de extender el cupo a 1000 plazas con la condición de que la Ciudad cubra el 50% del costo de mantenimiento de cada interno, pero la propuesta "ni siquiera fue contestada".

En relación con los costos, Bullrich señaló que el sistema penitenciario federal aloja actualmente a 11.500 internos, de los cuales "6000 son presos de la Ciudad que están siendo juzgados por delitos comunes". En términos económicos, esto representa "un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $156.639.750.000".

La ministra comparó la situación con otras jurisdicciones y afirmó que "en la gran mayoría de las provincias hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas" y recordó que desde 2016, con la sanción de la Ley 5688, la Ciudad "está en condiciones de crear su propio servicio penitenciario sin necesidad alguna de apoyo federal".

Finalmente, Bullrich destacó la decisión del Gobierno Nacional de transferir las competencias de guarda y custodia de detenidos que permanecían en manos del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de negociaciones que se llevan adelante desde hace semanas.