La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Esta iniciativa garantizará también el acceso a la medicación requerida de manera gratuita y atención en materia de salud mental para víctimas, sobrevivientes y familiares en centros de salud públicos, otro pedido histórico de las organizaciones.
A menos de un mes de que se cumplan 20 años de la masacre de Cromañón, la Legislatura porteña aprobó, en una sesión maratónica y por amplia mayoría, el proyecto para transformar en "vitalicia" la asistencia económica a los sobrevivientes y familiares de víctimas. Hasta ahora la reparación era provisoria y cada tres años se votaba la posibilidad de extenderla, por lo cual cada ese período los sobrevivientes y los familiares de las víctimas debían volver a contar lo sucedido para aprobar las prórrogas.
A partir de esta ley, también se garantizará el acceso a la medicación requerida de manera gratuita y atención en materia de salud mental para víctimas, sobrevivientes y familiares en centros de salud públicos, otro pedido histórico de las organizaciones.
“Por la lucha de las organizaciones tenemos Ley de reparación integral vitalicia y para todos y todas. Con apertura del padrón de beneficiarios. Hoy es un día muy importante para todos los que vimos afectados por esta masacre”, dijeron en No Nos Cuenten Cromañón.
A su vez, esta iniciativa reemplaza el concepto "tragedia" por el de "masacre", un pedido histórico de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, así como también estipula la reapertura del padrón de la reparación. Las organizaciones denunciaban que el registro había quedado muy retrasado con sobrevivientes y familiares sin acceder.
Más allá de que se logró la reapertura, la oposición y las organizaciones denunciaron que sigue siendo limitada: sólo se podrán inscribir quienes hayan accedido a programas de salud por las secuelas de la masacre hasta agosto de este año. Desde la oposición buscaron que eso se extendiera hasta diciembre, pero el oficialismo no aceptó esa modificación.
La ley se aprobó casi por unanimidad, con la excepción del voto de Yamil Santoro, quien rechazó el carácter vitalicio de la asistencia al considerarla un "privilegio ilegal".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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