Por Erika Cabrera y Antonella Morello

El feminismo como colectivo está poniendo en debate la “Reforma Judicial Feminista”. Sin embargo, para la sociedad civil, muchas veces suena abstracto y como un título grandilocuente que es necesario dotar de argumentos. Ahora bien, ¿por qué es importante y qué implica? Estas son algunas de las preguntas que nos intentamos responder este 8M y para ello Filo.News dialogó en exclusiva con diferentes actores de la sociedad.

La representante de la Legislatura porteña en el Consejo de la Magistratura y titular del Centro de Justicia de la Mujer, Ana Salvatelli, analizó a fondo el Poder Judicial y afirmó que cuando piensa en una Reforma Judicial Feminista entiende que se refiere a “aquellos poderes judiciales provinciales o nacionales que en la integración de los juzgados hay una abrumadora mayoría de varones o inclusive puede haber mujeres, pero sin perspectiva de género”. Por ello, cuando se habla de una reforma es importante “equiparar las desigualdades”, con lo cual planteó que una “gestión positiva” en ese sentido sería que en los concursos públicos se priorice el llamado a juezas. 

Sin embargo, afirmó que es necesario también mantener una capacitación continua y constante en materia de Derechos Humanos en general y de Género, en particular dentro del Poder Judicial: “Hoy lo más importante es la capacitación”, expresó Salvatelli y explicó que a través de ella, que tiene como estandarte la Ley Micaela, es obligación de la institución que los jueces “adopten en sus fallos una perspectiva de Derechos Humanos en general y de género en particular” y que en los casos “vean donde hay problemas que se chocan con la desigualdad: donde hay estereotipos, sesgos de género, etc., para lograr que esas sentencias sean más justas porque advirtieron esas cuestiones de desigualdad estructural”.

Ana Salvatelli, representante de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura de CABA y titular del Centro de Justicia de la Mujer | Fuente: Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, al sumirse en la selección de los magistrados ya que es una de sus competencias como consejera de la Magistratura de CABA, Salvatelli planteó la necesidad de reformar el reglamento de selección para que se incorpore la “perspectiva de género”. “A través de la reforma del reglamento de selección, que podría incluir por ejemplo que los exámenes en los concursos incorporen cuestiones de esta perspectiva, que los jurados de los concursos sean paritarios, que en los antecedentes de los concursantes haya un ‘plus’ por tener capacitaciones hechas en materia de género, son condiciones que se podrían sumar al reglamento de selección y lograr que los jueces o juezas elegidos tengan esa perspectiva incorporada cuando llegan a la gestión”, explicó.

En este punto, la abogada Cristina Montserrat Hendrickse agregó la necesidad de “garantizar la participación del pueblo en la toma de decisiones”, lo cual daría lugar a que ese Poder Judicial llegue a las clases más excluidas, ya que en la actualidad no está llegando. Además, la letrada planteó que existe “una asimetría de realidades, entre jueces y ciudadanos, y una ausencia de empatías que la reforma tiene que superar”.

En este sentido, la reforma debe incorporar la participación del pueblo, pero “no sólo en materia de jurados sino también en la integración de Tribunales no legrados para resolver conflictos vecinales y de menor cuantía”. De esta manera, Montserrat Hendrickse plantea que el Poder Judicial pueda llegar también a los barrios más excluidos. 

Cristina Montserrat Hendrickse, docente y la primera abogada trans en concursar como candidata a jueza de Familia en la provincia de Neuquén | Fuente: Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, la abogada Aymara Nayra Choque también planteó la importancia de “descolonizar y democratizar el sistema de justicia” y coincidió en la importancia de propiciar una composición igualitaria en materia de género, pero también destacó que es necesario incorporar el “cupo laboral trans, indígena y de personas con discapacidad”.

Como abogada y perteneciente a los pueblos originarios, Choque explicó que pensar en la perspectiva de género atravesando el sistema judicial, en todos sus niveles, implica pensar en lo “opuesto a la columna vertebral sobre la cual se ha edificado el Poder Judicial y también en la deconstrucción-reconstrucción de nuevas y múltiples formas de producción del Derecho, que contemplen la pertinencia étnica cultural y las lengua indígenas”.

Una transición hacia un nuevo modelo de Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe: la visión de las comunidades indígenas

Tal como desarrolla la letrada Choque, la consolidación del Estado Argentino en el siglo XIX ha invisibilizado históricamente la realidad multicultural. En Argentina, a través de la  Ley  24.071 -sancionada el 4 de marzo de 1992, promulgada el 7 de abril, y depositada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2000- se establece el derecho de los Pueblos Indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. "Es un instrumento jurídico internacional muy importante ya que protege los derechos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, promueve el respeto por las culturas, las tradiciones y el derecho consuetudinario", aporta la abogada.

Aymara Nayra Choque, abogada indígena Quechua-AbyaYala integrante de las agrupaciones Tejido de Profesionales Indígenas e Identidad Marrón | Foto: Instagram personal.

La ley fue un hito que arrancó el camino que plantea continuar esta reforma judicial con perspectiva de género y contra las desigualdades para lograr una transición hacia un nuevo modelo de Estado que sea plurinacional,  pluricultural y  plurilingüe. Desde las agrupaciones Tejido de Profesionales Indígenas e Identidad Marrón, Aymara manifiesta que las reivindicaciones de los pueblos originarios para lograr transformaciones, deben partir desde cifras como el censo, para garantizar justicia. "Es muy importante que los instrumentos de recolección de datos puedan tomar la variable étnica con sus múltiples dimensiones para poder saber con exactitud la población indígena, y si no hay datos estadísticos se supone que es una minoría o una subcategoría pobre a la que solo se le puede aplicar una política social compensatoria. Pero no sólo para identificar cuántas personas originarias hay actualmente sino también para reconocer las lenguas preexistentes en Argentina y de esta forma desmontar un estado monolingüístico, monocultural", explica.

Sin embargo, el panorama actual judicial continúa siendo "caracterizada por la discriminación, la exclusión social y la pobreza", explica la abogada. Ese fue justamente el caso de Reina Maraz, una joven migrante boliviana de 26 años, acusada del crimen de su marido y que la Justicia le dijo que no contaban con intérpretes que pudieran entenderle ya que ella habla en quechua, y el Poder Judicial sólo contaban con traductores de lenguas “tradicionales” como el inglés, portugués y francés. Desde noviembre de 2010, Reina fue representada por un abogado que suponía que ella lo comprendía, pasó por una detención (siete meses los pasó en una comisaría de Quilmes y los siguientes tres años en la Unidad Penitenciaria N°33 de Los Hornos donde nació su hija Abigaíl), luego prisión domiciliaria, hasta que cuando estaban por leerse los alegatos en noviembre de 2014, un grupo de mujeres bolivianas reunieron en la puerta del Tribunal de Quilmes en su apoyo. Únicamente posterior a ello, Reina pudo contar su historia.

Justicia por Reina Maraz | Foto: Agencia Andar / Archivo CPM.

El caso de Reina junto al femicidio de Lucía Pérez fueron los impulsores del primer paro nacional de mujeres del 19 de octubre de 2016, fecha que anticiparía los 8M.

"La perspectiva de género es una herramienta para el fortalecimiento del acceso a la justicia", —retoma Aymara— "Pero sino no tenemos presente una reforma judicial que contemple la variable étnica, se continúa con un sistema jurídico monista y centralista estatal que reduce e identifica toda manifestación jurídica como cosa análoga a la ley y al Estado".

¿Cómo trata el Poder Judicial los casos de extrema violencia como los femicidios?: testimonios de familiares de víctimas

"Este 8M nos entristece más que otras veces", cuenta a Filo.News, Fabio Páez, padre de Chiara Páez. La adolescente de 14 años fue asesinada en Rufino (provincia de Santa Fe) por Manuel Mansilla (de 16), quien era su novio el 10 de mayo de 2015, luego de enterarse que estaba embarazada de dos meses y que había considerado no interrumpirlo. Su caso impulsó el histórico estallido social y cultural de Ni Una Menos, cuando millones de personas se concentraron en distintos puntos del país para exigir que Vivas nos queremos, el 3 de junio de ese mismo año. 

En 2017, Mansilla fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión. Sentencia que por más que a la familia no le compense el dolor por la ausencia y el arrebato de la vida de Chiara, significó una "pena ejemplar" por contar con varios agravantes: desde ser juzgado como femicidio, por saña y el ocultamiento de pruebas por parte de Mansilla. Sin embargo, fue anulada por parte de la Corte Suprema de la provincia donde los jueces en primera instancia ordenan bajarle la pena al femicida de Chiara a entre 10 y 13 años (de los que ya cumplió 7), por haber sido menor y alegando "su buen comportamiento" mientras permanece detenido. De cara al séptimo paro nacional de mujeres este 8 de marzo, Fabio considera el accionar del poder judicial como "un mensaje muy peligroso para todas las mujeres del país".

Fabio Páez y Verónica Camargo, padre y madre de Chiara en una movilización para pedir justicia por el femicidio de su hija | Foto: Télam | Créditos: José Granata.

En la última audiencia que se realizó por zoom el defensor de menores se encontraba sentado al lado de la defensora del femicida. "El asesor de menores estaba de acuerdo con achicarle la pena pero en ningún momento habló de Chiara. Y escuchar eso te daba una impotencia. Me preguntaba: qué es lo que viene para todas las chicas, nuestras adolescentes y mujeres", lamentó Páez.

"En el caso de Chiara presentamos más de 50 pruebas, con un femicida confeso, y si aceptan lo que pide la Corte, podría estar suelto con salidas transitorias. Ahí es donde falta perspectiva de género en el poder judicial. A Chiara no la voy a recuperar pero como siempre digo, esta lucha la voy a seguir por todas las que quedan", garantiza, convencido del legado que recibe de su hija. "Ella quería ser abogada porque deseaba un cambio en la sociedad y esa debe ser la fuerza que nos da", expresa.

"Chiara fue la primera menor que pudo tener la categoría de femicidio. A partir de su caso cambiaron muchas cosas en el país", piensa Fabio en retrospectiva. Uno de ellos fue el sistema de búsqueda que anteriormente obligaba a esperar 48 horas para salir a buscar a una mujer, ahora ya no. En todos los casos deben tomar la denuncia en el momento y si se niegan, está a disposición la línea gratuita 134 para dar aviso. "Lo que viene muy lento es el cambio en nuestros funcionarios", opina, al tiempo que coincide con la mirada de la doctora Salvatelli respecto de la renovación machista de los magistrados: "En muchos, como en el nuestro, dependés del criterio de jueces que hace 30/40 años que están al frente de un juzgado, y sentencian con un pensamiento patriarcal. Muchas de las sentencias mejor dadas están a cargo de jueces más jóvenes".

"Cuando estás del lado de la víctima se siente que estás luchando contra el Estado. El femicida tiene todo el Estado respaldándolo mientras que vos tenés un fiscal haciendo todo lo que puede. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto?", cuestiona Fabio Páez.

Actualmente se encuentra en un segundo proceso de juicio el femicidio de Lucía Pérez (16), quien el 9 de octubre de 2016 falleció antes de llegar a la sala de primeros auxilios en la Playa Serena de Mar del Plata a la cual fue llevada por tres hombres acusados del crimen: Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Alberto Maciel, quien murió hace tres años.

En el marco del segundo juicio, Marta Montero, madre de Lucía contó a este medio que “fue dificilísimo volver a pasar por lo mismo, hablar de lo que le hicieron a tu hija”. El próximo 17 de marzo a las 12 horas, los jueces del Tribunal Oral 2 de Mar del Plata, Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz darán a conocer la sentencia.

Marta Montero, madre de Lucía Pérez | Fuente: Noticias Argentinas.

El proceso judicial por el femicidio de Lucía comenzó en 2018, plagado de prejuicios y estereotipos, que derivó en un repudiable fallo por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata a cargo de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quienes en una decisión unánime absolvieron a los tres acusados por el delito de violación seguida de muerte, pero condenaron a ocho años de prisión a los Farías y Offidani por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores en inmediaciones de una escuela.

“El primer juicio fue terrible, de una agresión tan grande hacia nosotros y hacia Lucía. Poco más poco menos, ellos dijeron como si ella hubiera buscado su propia muerte”, contó Marta Montero, madre de Lucía Pérez.

“Los jueces tenían un sesgo: estaban influidos por prejuicios y no aplicaron la perspectiva de género”, argumentó la letrada Montserrat Hendrickse. Justamente, en la anulación del fallo que absolvió a los imputados, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación bonaerense integrada por los jueces Fernando Mancini, Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan argumentaron que “todos los extractos citados del fallo, y los elementos tenidos en cuenta por los juzgadores, exponen claramente que el mismo se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”.

Corte Suprema de Justicia | Fuente: Noticias Argentinas.

Por este motivo, dos de los tres jueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 1 de Mar del Plata -Gómez Urso y Viñas- que el 26 de noviembre de 2018 absolvieron a los acusados del femicidio de Lucía están siendo sometidos a un Jury (el tribunal encargado de enjuiciar a los funcionarios del Poder Judicial en Argentina) que comienza el próximo 14 de marzo en La Plata. “Esperamos que sean destituidos porque eso es lo que necesitamos para tener jueces con una perspectiva de género, de vida y humanitaria”, expresó la madre de Lucía y convocó a los diferentes colectivos de mujeres a concentrarse el próximo 14 a las 10 en las inmediaciones del Senado bonaerense.

“Si dos de estos tres magistrados del Tribunal Oral Mar del Plata, están suspendidos por no haber aplicado la perspectiva de género, creo que es un mensaje para el Poder Judicial: la perspectiva de género no es discrecional”, apuntó Montserrat Hendrickse.

El tercer magistrado Aldo Carnevale renunció a su cargo para jubilarse y, de esa manera, evitó ser enjuiciado. La jubilación se realizó durante la gestión de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

“Con esta Justicia no hay derechos ni democracia”: en este 8M

Con el foco en la reforma y frente a atropellos del poder judicial, el lema de esta jornada de paro nacional y movilizaciones reconoce que la deuda es con los trabajadores y al esquema de justicia patriarcal, clasista, racista, corporativa y antidemocrática, cómplice y garante de la reproducción de las violencias le promete su completa restauración. Sólo así podremos cuidarnos, y no sólo entre nosotras.