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A 42 años de la última dictadura cívico-militar, aún existen causas judiciales que intentar determinar la culpabilidad de quienes contribuyeron a que esta etapa oscura se lleve a cabo en Argentina.
Este lunes 12 de marzo, la nieta restituida María Belén Altamiranda Taranto declarará mañana en el juicio oral y público a un ex jefe militar y un médico acusados de secuestrar a 11 mujeres y apoderarse de sus hijos nacidos en cautiverio en la maternidad clandestina de Campo de Mayo.
Según informan fuentes allegadas a la causa, la audiencia a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 se llevará a cabo desde las 10 hs en Comodoro Py 2002.
El juicio tiene como imputados a Santiago Omar Riveros, por entonces comandante de Institutos Militares responsable de la represión ilegal en la denominada Zona de Defensa IV, y el médico militar del Hospital Militar de Campo de Mayo Raúl Eugenio Martín.
Taranto no será la única que comparecerá ante la Justicia: Gabriela Taranto, hermana de Rosa Luján Taranto, la madre de María Belén, y Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino de detención "El Atlético", compartirán estrado con la mujer que recuperó su verdadera identidad en 2007.
Por su parte, Carega tuvo contacto durante su cautiverio con el hermano de Valeria Beláustegui, detenida ilegalmente en Campo de Mayo estando embarazada y es uno de los 11 casos que se analizarán en el juicio.
Taranto es hija de Rosa Luján Taranto y Horacio Antonio Altamiranda, militantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo) secuestrados en mayo de 1977, cuando la mujer estaba embarazada de 7 meses.
Ambos fueron vistos en el Centro Clandestino de Detención "El Vesubio" y Rosa fue llevada a dar a luz por cesárea, en su octavo mes, al Hospital Militar de Campo de Mayo.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el juicio, sostuvo en un comunicado que la beba fue entregada al Movimiento Familiar Cristiano, que a los tres meses de vida la entregó en adopción.
La joven siempre supo que era adoptada y en 2005 decidió buscar su origen, por lo que se contactó con la filial Córdoba de Abuelas y llevó a cabo análisis genéticos que le permitieron recuperar su identidad.
Fue gracias al aval de la vicegobernadora Verónica Magario, quien destrabó una votación que salió empatada.
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